Las controversiales declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sobre el estallido social siguen teniendo repercusiones. Esta vez, en el Ministerio Público.
De acuerdo con información a la que accedió BioBioChile, la Fiscalía Nacional decidió derivar a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte la denuncia presentada por los diputados Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS) y Daniela Serrano (PC), quienes apuntan a una posible entrega ilícita de información del Sistema de Inteligencia chileno a autoridades estadounidenses.
El oficio —al que tuvo acceso este medio—, con fecha 22 de septiembre y firmado por la fiscal nacional subrogante Carmen Gloria Wittwer, consigna que la Fiscalía Nacional recibió denuncias por hechos que eventualmente podrían configurar delitos previstos en la Ley N°19.974, que regula el Sistema de Inteligencia del Estado.
Al ser consultados en la Fiscalía Centro Norte, confirmaron que habrá diligencias e indicaron que “como toda denuncia y cumpliendo con el mandato constitucional del Ministerio Público, se iniciará una investigación para determinar si los hechos denunciados son o no constitutivos de delito.”
Fiscalía Centro Norte indagará denuncia por posible traspaso de datos de inteligencia a EEUU
El origen se remonta a la entrevista con CNN del 8 de septiembre, en la que Brandon Judd afirmó que la inteligencia estadounidense contaba con un análisis que vinculaba el estallido social de 2019 con organizaciones de izquierda.
Lo que encendió las alertas fueron sus precisiones sobre la procedencia de esos antecedentes. El diplomático habló de información “recopilada” por fuerzas policiales y agencias de inteligencia, y mencionó de forma expresa a la “inteligencia estadounidense” y la “inteligencia chilena”.
A raíz de esas declaraciones, los parlamentarios invocaron los artículos 38 y 44 de la Ley de Inteligencia. El primero declara secreto el conjunto de datos, antecedentes e informaciones en poder de los organismos del sistema. El segundo sanciona a quienes, teniendo acceso a ellos por su cargo o función pública, los comuniquen, difundan o permitan el acceso de terceros sin la debida autorización.
Para los denunciantes, si los dichos iniciales de Judd fueran ciertos, funcionarios chilenos podrían haber facilitado información reservada a representantes de otro Estado.
“Los hechos descritos por el embajador de los Estados Unidos Brandon Judd indican de forma inequívoca que funcionarios que integran el Sistema de Inteligencia (…) proporcionaron información secreta a funcionarios de un Estado extranjero”, plantea la presentación.
En ese marco, la Fiscalía Nacional remitió todos los antecedentes al fiscal regional metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, donde confirmaron a BioBioChile que se iniciará una investigación para determinar si los hechos denunciados son o no constitutivos de delito.”
El diputado Luis Cuello valoró la determinación y sostuvo que de las primeras declaraciones de Judd “se desprende la entrega ilegal de información por parte de funcionarios chilenos de inteligencia hacia la embajada”.
Declaraciones de Brandon Judd sobre el estallido social
Las afirmaciones de Judd en aquella entrevista generaron dudas inmediatas: ¿qué información tenía Estados Unidos?, ¿de dónde provenía?, ¿fue entregada por organismos chilenos? Por ello, Cancillería citó al embajador para pedir explicaciones y conocer los antecedentes que respaldaban sus palabras.
Tras esa reunión, el diplomático moderó considerablemente su versión. Señaló que la Embajada no contaba con una investigación ni documentos propios sobre el estallido y explicó que el análisis se construyó a partir de “fuentes abiertas”, citando información de policías, el Congreso y académicos chilenos.
La incertidumbre también alcanzó al Ministerio Público. El fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló entonces que no disponía de los antecedentes mencionados inicialmente por Judd y evitó validar la hipótesis de que organizaciones de izquierda hubieran estado detrás del estallido.
“No quisiera hacer una afirmación de esa naturaleza”, respondió. Agregó, sin embargo, que investigaciones cerradas por falta de antecedentes podrían reabrirse si surgiera información nueva y los plazos legales lo permitieran.
El debate tenía además un antecedente reciente. En agosto, una comisión investigadora de la Cámara impulsada por el Partido Nacional Libertario culminó su labor tras 11 sesiones y 32 invitados. Pese a las diversas hipótesis planteadas durante su funcionamiento, la instancia no consiguió establecer instigadores, organizaciones responsables ni mecanismos de financiamiento detrás de la violencia del 18-O.
