La justicia aceptó la acción presentada por un vecino, quien el año pasado alegó como de su propiedad la mitad de una plaza en Chiguayante.
El municipio sostenía que la totalidad del terreno era un bien de uso público y que la adquisición del particular era ilegal.
Se trata de un caso iniciado el año pasado, luego de que Andrés Salas comprara el terreno a fines de 2024 a una constructora, que a su vez lo había adquirido años antes.
Al intentar tomar posesión del paño, la Municipalidad de Chiguayante lo impidió, señalando que la compra era ilegal y que la plaza, en su integridad, correspondía a un bien de uso público.
No obstante, el Primer Juzgado Civil de Concepción dio la razón al vecino al acoger una demanda presentada por el abogado Franklin Bustos.
“Bueno, la verdad es que estamos muy contentos con el fallo. Este fallo es claro, es contundente, en el sentido de que establece que la plaza que estaba en disputa en este juicio, por la mitad corresponde en propiedad, es decir, es de dominio de mi representado, don Andrés Salas”, afirmó Bustos.
Los fundamentos de la sentencia dictada por la jueza Andrea Caro dan cuenta de la documentación que respalda la compra, descartando, explicó el abogado Bustos, que todo el terreno de la plaza José Palma Barrera hubiera tenido la clasificación de área verde.
“La parte contraria no pudo acreditar y no pudo acompañar documentación que de alguna forma determinara de que esto era un bien nacional de uso público. En tal sentido, lo que compró mi representado efectivamente era un bien enajenable, ya que él antes de comprar revisó toda la documentación, tanto el certificado de dominio del vendedor anterior, los certificados de anotaciones previas que la misma Municipalidad le entregó”, añadió el abogado.
Andrés Salas, quien pagó 45 millones de pesos por el terreno, celebró la resolución judicial, subrayando la legalidad de la compraventa.
“Estamos muy contentos. Una sentencia positiva, donde se puede acreditar que la mitad del terreno de la plaza es mía. Este terreno se compró con toda la documentación que corresponde inscrita en el Conservador de Bienes Raíces, con documentación que la propia Municipalidad de Chiguayante me entregó. Recordar también que pago contribuciones por el terreno”, manifestó Salas.
La sentencia decretó un plazo de 10 días para que el municipio de Chiguayante restituya el terreno a su dueño. Sin embargo, es probable que la corporación edilicia vaya a la Corte de Apelaciones de Concepción para intentar revertir el fallo.
