Ronald Quiñones Quintero, ciudadano ecuatoriano acusado de homicidio por encargo y asociado a una banda de sicarios que operaba en el Gran Concepción, se transformó en foco de polémica tras conocerse una resolución judicial que ordena su traslado desde el Complejo Penitenciario de Rancagua hasta la cárcel de Punta Arenas.
La determinación fue objetada por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y por el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, argumentando que el penal de Magallanes carece de módulos de máxima seguridad.
Por ahora, Quiñones continúa en Rancagua bajo un régimen de alta seguridad y cumple prisión preventiva desde julio de 2025.
¿Pero quién es el encausado cuyo eventual traslado encendió las alertas de las autoridades?
Ligado a los “Sicarios del Gran Concepción”
De acuerdo con los antecedentes, Quiñones fue aprehendido en el marco de una investigación de la Brigada de Homicidios de la PDI junto a la Fiscalía ECOH, dirigida contra una organización dedicada al sicariato en el Gran Concepción.
La pesquisa permitió capturar a cinco personas: tres chilenos y dos ecuatorianos, entre ellos Quiñones.
Según la indagatoria, los ciudadanos chilenos habrían contratado a los ecuatorianos para ejecutar asesinatos por encargo.
La banda, cuyos miembros han sido denominados como los “Sicarios del Gran Concepción”, está bajo investigación por homicidio calificado, secuestro, sustracción de menores, asociación ilícita e incendio con peligro para las personas.
Entre los hechos que se les imputan figura el homicidio de un hombre ocurrido el 1 de junio de 2025 en las inmediaciones de una discoteca de Concepción.
Además, se les atribuyen dos homicidios frustrados registrados en julio de 2025 en el sector Palomares de la capital regional del Bío Bío.
Quiñones se mantiene en prisión preventiva desde ese mes.
El traslado que provocó la polémica
El caso volvió a tomar relevancia luego de que, a petición de su defensa, una resolución judicial ordenara mover al imputado desde Rancagua a Punta Arenas.
Arrau cuestionó el fallo, indicando que Gendarmería había advertido que el penal de destino no cuenta con áreas de máxima seguridad.
El ministro sostuvo que esa determinación implica un serio riesgo para la seguridad penitenciaria, los gendarmes y toda la ciudadanía.
A las objeciones se sumó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien ofició al Ministerio de Justicia para pedir que el traslado no se concrete mientras no existan las condiciones necesarias de infraestructura, seguridad y resguardo.
El jefe comunal recalcó que “un delincuente de estas características no debe estar en nuestra cárcel”.
Asimismo, solicitó que la medida sea reevaluada y criticó que se pretenda enviar a un recinto sin estándares de máxima seguridad a una persona vinculada a una causa por crimen organizado.
