Una reforma migratoria que se cayó por un solo sufragio, permisos mal gestionados, una indicación que tocó el núcleo de la Ley Antibarricadas y una pugna interna que enfrentó a Renovación Nacional con Republicanos. La semana legislativa terminó dejando a la Segpres bajo presión y destapó fallas de coordinación dentro del oficialismo. Como contexto, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, abrió otro frente al admitir que, si fuera por él, preferiría no concurrir al Congreso.
Un voto bastó para que un debate que en principio debía centrarse en migración se transformara en una radiografía de los tropiezos del Gobierno en el Parlamento.
La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el martes la reforma constitucional que pretendía ampliar los plazos de detención de extranjeros con orden de expulsión administrativa. El Ejecutivo reunió 88 respaldos, pero necesitaba 89 para alcanzar los cuatro séptimos exigidos. Hubo además 28 rechazos y 19 abstenciones.
El margen exiguo activó de inmediato la búsqueda de responsables.
Dos diputados republicanos, Felipe Ross y Stephan Schubert, estaban fuera del país acompañando al presidente José Antonio Kast en Estados Unidos. Aunque sus ausencias eran de conocimiento público, los permisos constitucionales que podían alterar el universo para calcular el quórum no se tramitaron correctamente.
La secuencia contempló un artículo mal redactado, una corrección presentada fuera de plazo y una alternativa que no se activó a tiempo. Con 88 votos en juego, cada uno de esos deslices cobró una relevancia que probablemente habría pasado inadvertida con un resultado más holgado.
Y las miradas comenzaron a posarse sobre la Secretaría General de la Presidencia.
El fuego interno
El ministro José García Ruminot quedó en la mira por una derrota especialmente sensible para La Moneda por tratarse de una prioridad.
Pero RN salió rápidamente a respaldar al único ministro de su partido en el gabinete.
El jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, afirmó que García no era el “inspector del curso” ni “la mamá a cargo” de los parlamentarios y subrayó que corresponde a cada comité gestionar sus permisos constitucionales.
El respaldo no se detuvo allí.
RN cerró filas institucionalmente con García y su subsecretaria, Constanza Castillo, llegando a denunciar “mala intención” tras algunas críticas y pidiendo repartir responsabilidades por los traspiés legislativos.
Del otro lado surgieron reproches desde Republicanos y también de otros sectores de la derecha hacia la conducción legislativa del Gobierno. El desenlace fue que un revés ante la oposición derivó además en una disputa al interior del propio bloque gubernamental.
Republicanos admitieron fallas en la tramitación de los permisos de sus diputados, aunque públicamente pusieron el foco en los votos de la oposición y del PDG que el Ejecutivo esperaba sumar y que finalmente no aparecieron. Desde RN, en cambio, reiteraron que la responsabilidad de los permisos recae en cada bancada.
La controversia dejó instalada una incómoda interrogante dentro del oficialismo: ¿dónde termina el deber de la Segpres de contabilizar apoyos y dónde comienza la obligación de cada partido de alinear a sus parlamentarios?
La respuesta quedó lejos de un consenso.
De la migración al trabajo
El choque entre RN y Republicanos tampoco se limitó al Congreso.
En paralelo, Renovación Nacional empezó a presionar al Ejecutivo para “piñerizar” su respuesta frente al desempleo, proponiendo reactivar dos instrumentos del segundo gobierno de Sebastián Piñera: un subsidio a la contratación formal y el fortalecimiento del Fogape.
La propuesta generó reacciones divididas entre los republicanos.
La diputada Stephanie Jéldrez afirmó que “el piñerismo sin Piñera no existe”, provocando una dura réplica de la secretaria general de RN, Katherine Martorell.
“El piñerismo tiene la experiencia que al Gobierno le falta”, replicó la dirigente, quien además acusó “falta de pudor” en las críticas.
El cruce amplificó una discusión que ya venía incubándose tras los tropiezos legislativos: la experiencia política de los equipos encargados de la relación del Gobierno con el Congreso.
Incluso el propio presidente Kast tomó distancia de la etiqueta propuesta por RN. Desde Nueva York señaló que no se trataba de aplicar “la fórmula de uno u otro presidente”, aunque se mostró dispuesto a evaluar medidas que hayan dado resultados en el pasado.
Otro traspié en seguridad
La reforma migratoria no fue el único descalabro.
Un día después, el Gobierno logró que la Cámara aprobara la llamada Ley Antibarricadas 2.0, pero el avance quedó deslucido por una indicación opositora que alteró uno de sus ejes centrales.
El proyecto buscaba penalizar también ciertas obstrucciones parciales del tránsito. Sin embargo, durante la votación se incorporó una excepción vinculada a las manifestaciones pacíficas.
La oposición celebró la modificación. En el oficialismo emergieron reparos porque, a juicio de sus críticos, la redacción podría terminar complicando la aplicación de una de las principales innovaciones que pretendía introducir la iniciativa.
Así, incluso una votación que en lo formal representó un avance legislativo dejó un regusto amargo para La Moneda.
Y, otra vez, el problema se originó en el Congreso.
Arrau aviva la polémica
Fue en ese contexto cuando el ministro de Seguridad, Martín Arrau, dejó una frase que rápidamente incomodó a los parlamentarios.
“Yo por mí, no iría al Congreso. Creo que la gestión es tremendamente más importante”, señaló durante un conversatorio organizado por Icare.
El timing difícilmente podía ser más adverso.
La reforma migratoria acababa de fracasar y el Ejecutivo empezaba a evaluar una vía para reflotarla mediante la insistencia en el Senado, herramienta que exige construir una mayoría de dos tercios.
Es decir, mientras La Moneda requería tender puentes con senadores opositores, uno de los ministros clave en la agenda de seguridad admitía públicamente que preferiría pasar menos tiempo en el Congreso.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), calificó las declaraciones como “desafortunadas”. Arrau luego intentó bajar la tensión: afirmó que sus palabras se interpretaron fuera de contexto, reivindicó su respeto por la labor parlamentaria y aseguró que seguirá asistiendo cuantas veces sea necesario.
Pero la controversia ya estaba instalada.
Una Segpres en la mira
La concatenación de episodios volvió a poner bajo la lupa el desempeño de la Segpres.
No es solo la derrota migratoria. El Gobierno arrastraba problemas previos, como la tramitación de la Sala Cuna Universal, donde también hubo críticas por la coordinación de votos y permisos de parlamentarios.
La propia diputada RN Carla Mora apuntó esta semana al oficialismo y sostuvo que los tropiezos eran “de cosecha propia”, advirtiendo que situaciones evitables pueden terminar cobrándole un costo político a cualquier ministro encargado de las relaciones con el Congreso.
El asunto es especialmente delicado para La Moneda porque el Congreso actual no ofrece mayorías automáticas.
Cada reforma que exige un quórum alto obliga a buscar apoyos fuera del núcleo duro del Gobierno, pero también a asegurar la presencia de todos los respaldos propios. Y esta semana mostró que ambas tareas pueden fallar a la vez.
La semana que prendió las alarmas
La brecha entre contar con una mayoría política potencial y tenerla efectivamente en la Sala terminó siendo una de las grandes lecciones de estos días.
La reforma migratoria fue el caso más nítido: 88 apoyos no alcanzaron cuando se requerían 89.
Pero alrededor de ese voto perdido se acumularon otros desajustes.
Permisos mal gestionados. Apoyos que se daban por seguros y no se concretaron. Una indicación opositora que alteró un proyecto emblemático de seguridad. Un ministro cuestionado por su vínculo con el Parlamento. Y, en paralelo, partidos oficialistas cruzándose reproches sobre a quién le corresponde asumir las culpas.
La pugna RN–Republicanos terminó revelando otra complicación. Aunque los partidos que sustentan al Gobierno convergen en gran parte de la agenda legislativa, eso no ha impedido diferencias sobre cómo conducirla ni sobre quién asume los costos cuando algo fracasa.
Por eso, la derrota migratoria probablemente pesó más por lo que vino después que por el único voto que faltó.
El Gobierno aún puede intentar rescatar la reforma en el Senado. También tiene la opción de corregir la Ley Antibarricadas durante su tramitación y recomponer los puentes con los parlamentarios.
Lo que no podrá revertir es una semana que dejó al descubierto, al mismo tiempo, descoordinaciones, reveses legislativos y fuego amigo dentro de sus propias filas.
Una semana oscura para La Moneda en el Congreso.
