Una mujer consiguió un veredicto a su favor en la primera acción civil tramitada en Chile contra un médico por negarle el acceso a un aborto bajo una de las tres causales previstas por la ley.
El juzgado dispuso una indemnización de $100.275.000 debido al incumplimiento de deberes médicos y a la obstaculización del procedimiento.
Según reportó EFE, la abogada Francisca Millán, del estudio AML Defensa de Mujeres, calificó la resolución como un “triunfo judicial” y remarcó que sienta un precedente sobre las obligaciones de los profesionales de la salud frente a la interrupción voluntaria del embarazo.
El fallo, emitido por un juzgado civil de Santiago, concluyó que el Dr. Eduardo Carstens vulneró el contrato de prestaciones médicas al no ceñirse a los estándares de atención y a la protección de los derechos de la paciente.
Además, el tribunal determinó que existió una “obstrucción ilegal” al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, junto con incumplimientos de protocolos y la entrega de información que consideró errónea y distorsionada.
El caso
La demandante, Catalina Pizarro, acudió en 2018 a la Clínica Tabancura tras conocer que su embarazo presentaba serias complicaciones. A las 12 semanas de gestación, los médicos detectaron un higroma cervical bilateral y, posteriormente, hidrops, condición que hacía prever la muerte fetal durante el embarazo.
Pizarro solicitó la interrupción voluntaria del embarazo por la causal de inviabilidad fetal, pero el procedimiento no se llevó a cabo. La gestación continuó hasta la semana 20, cuando se produjo la muerte del feto y la mujer debió someterse a una cesárea de urgencia.
Según indicó la abogada, el médico habría manifestado que adoptaba la decisión para evitar que la paciente enfrentara una situación que consideraba demasiado difícil.
La demanda se presentó en 2020 y el proceso se extendió por la pandemia de Covid-19, una mediación obligatoria sin acuerdo y otras diligencias judiciales. Tanto el médico como la clínica negaron que se hubiera solicitado el aborto, pero el tribunal tuvo por acreditados los antecedentes aportados por la mujer.
El fallo es susceptible de apelación.
