Una nueva controversia sacude al Gobierno del presidente José Antonio Kast. Ahora las críticas se concentran en el entorno del mandatario, círculo en el que está contratado Romer Rubio Flores, abogado y exconcejal venezolano que trabaja en la Presidencia de la República. Se cuestiona que su título carecería de validez en Chile.
En concreto, el jurista oriundo de Venezuela y opositor al chavismo, se encuentra como asesor en el Segundo Piso de La Moneda.
El caso fue revelado por Contrapoder -y corroborado por BioBioChile vía Transparencia-.
De acuerdo con su perfil en LinkedIn, Romer Rubio fue concejal de Maracaibo entre 2013 y 2018 y, desde octubre de ese año, se desempeñó como funcionario en el Gobierno de Chile -durante la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera- hasta mayo de 2022.
En esa misma plataforma se indica que trabajó como Profesor de la Universidad Central de Chile, además de actuar como consultor académico en la Universidad Andrés Bello.
Y entre enero de 2025 y marzo de 2026, estuvo a cargo de la Oficina de Migración de la Municipalidad de Independencia -gestión del actual alcalde Agustín Iglesias-. Desde entonces, se incorporó al Gobierno del presidente Kast.
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En Transparencia Activa figura que Rubio está contratado a honorarios como asesor “en el seguimiento de compromisos ministeriales y presidenciales, apoyando su reporte y coordinación con contrapartes técnicas”. Por ello recibe un sueldo bruto mensual de $2.850.000.
En el ítem ‘Calificación profesional o formación’, se consigna que posee un Magíster en Gestión de Gobierno, el cual obtuvo en junio de 2024 en la Universidad Autónoma de Chile, según se aprecia en su perfil de Instagram. Esto, bajo la calificación académica de “abogado”.
Sin embargo, ahí se concentran las interrogantes sobre el autodenominado “profesor, investigador y político”. Tras un rastreo en el Buscador de Abogados del Poder Judicial, Romer Rubio no aparece en la plataforma.
En otras palabras, el activista político antichavista no tendría aún revalidado en Chile su título de abogado, obtenido en 2007 en la Universidad de Zulia en Venezuela.
Al revisar nuevamente Transparencia, se advierte que cuando trabajó en 2021 en la Subsecretaría del Interior -en el segundo gobierno de Piñera- desempeñando funciones de “asesoría en área de operaciones extranjería y migración”, lo hizo solo con la calificación profesional de Enseñanza Media.
Y al buscar en el portal de Títulos Profesionales Extranjeros revalidados por la Universidad de Chile, tampoco se hallan resultados sobre Romer Rubio.
En las redes sociales del hoy asesor del Segundo Piso de La Moneda, tampoco fue posible encontrar publicaciones que acrediten que el jurista haya revalidado su título de abogado ante la Corte Suprema de Chile.
Cabe señalar que actualmente no existe un tratado entre Chile y Venezuela que permita reconocer y validar de manera recíproca los títulos profesionales emitidos en cada país.
Así las cosas, al tratarse de países con los de Chile no tiene convenios, “en el caso de los licenciados en derecho o abogados, el reconocimiento que se efectúa mediante este proceso (ante Cancillería) no habilita para el ejercicio profesional. Sólo la Corte Suprema de Chile es quien otorga el correspondiente título de abogado, trámite que debe ser efectuado con posterioridad ante ésta“, sostiene el Gobierno al reconocimiento de títulos académicos para extranjeros.
BioBioChile efectuó reiteradas consultas a la Presidencia de la República sobre el caso de Romer Rubio. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.
En tanto, Contrapoder informó que Contraloría dio un plazo de 10 días hábiles a la cartera de Gobierno para la entrega de un informe con los antecedentes que acrediten la calidad de “experto” del exconcejal de Maracaibo.
“Se requiere a esa entidad informar detalladamente los fundamentos tenidos en consideración para calificar al señor Rubio Flores como experto, en particular, resulta necesario que remita los antecedentes curriculares, académicos, profesionales y de experiencia laboral considerados para adoptar dicha decisión, indicando de qué modo estos permiten concluir que el interesado posee conocimientos especializados o experiencia relevante para el desempeño de las funciones encomendadas, así como la relación existente entre tales antecedentes y las labores de asesoría especializada descritas en el acto administrativo respectivo”, señala el oficio del ente contralor enviado el miércoles.
BioBioChile consultó a Romer Rubio sobre el caso. No obstante, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
El episodio de la activista venezolana Lucy Depablos y otros
Cabe destacar que esta controversia se suma a los casos ya conocidos como el de Lucy Depablos, activista venezolana que estuvo contratada en Servicio Civil, entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, y donde percibió mensual hasta $5,6 millones. Todo ello, bajo cuestionamientos por no contar con título para el cargo de Jefa de Comunicaciones y Participación Ciudadana -lo que culminó con su renuncia tras la apertura de una indagatoria de Contraloría-.
Entre otras contrataciones cuestionadas también figura el caso del joven Cristóbal Soto (19), estudiante de periodismo -es decir, sin título profesional-, quien ha recibido $1,9 millones brutos mensual por gestión de redes sociales y apoyo comunicacional en el Ministerio del Interior.
Asimismo, hace unas semanas se conoció la contratación de Sofía Pumpin, periodista titulada en julio de 2025, como encargada de la coordinación e información de las Delegaciones Presidenciales Regionales y Provinciales, “consolidando reportes y antecedentes que contribuyan a la coordinación territorial y al monitoreo de la situación país”. Todo lo anterior, por un sueldo de $2.350.000.
Y recientemente se supo que el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Atacama, Javier Díaz Toro, asumió en el cargo apenas 9 meses después de titularse.
El actual titular de la cartera regional -de 29 años- es ingeniero civil industrial, egresado de la Universidad de Atacama (UDA). Así lo consignaba en su propio LinkedIn -hoy no disponible-, según revela FastCheck.
Al momento de su designación, según consta en Instagram, la Secretaría Regional presentó a Díaz como un profesional con “amplia experiencia en la administración pública y en optimización de procesos”. No obstante, dos fuentes consultadas por el citado medio descartaron esa afirmación.
Hasta ahora, no existiría rastro o evidencia que corrobore la “amplia experiencia” de Javier Díaz en el área del Transporte y Telecomunicaciones, tal como asegura la cartera regional.
De acuerdo con lo constatado por BioBioChile a través de Transparencia Activa, el hoy Seremi de Transportes de Atacama recibe un sueldo bruto de más de $4,8 millones. En abril este fue de $5,6 millones.
