Lo que para un paciente sin formación médica constituía una señal clara de que algo andaba mal terminó convirtiéndose en uno de los elementos que la justicia tomó en cuenta para fijar la responsabilidad del Servicio de Salud O’Higgins.
La Corte de Apelaciones de Rancagua ratificó una demanda por falta de servicio interpuesta por un hombre a quien debieron amputarle el brazo dominante tras una cadena de negligencias en el diagnóstico y tratamiento de una fractura sufrida en el Hospital Regional de Rancagua.
El tribunal, además, elevó de $40 millones a $60 millones la indemnización que recibirá por concepto de daño moral.
Entre los puntos que más destacaron en la sentencia figura que el propio paciente alertó al médico tratante que algo no marchaba bien. Sin ser especialista ni contar con conocimientos técnicos en medicina, le señaló que su extremidad estaba en mal estado y presentaba fenómenos que consideraba anómalos, entre ellos, un olor desagradable.
Incluso llegó a grabar uno de los controles médicos, antecedente que para la Corte resulta relevante, pues permite establecer que las señales de deterioro no eran recientes ni aisladas.
A pesar de esas alertas, el tribunal constató que la expulsión de un perno y de material óseo fue explicada al paciente como una situación normal dentro de su recuperación.
Según el fallo, no se adoptaron en ese momento las medidas diagnósticas necesarias para determinar qué causaba esas manifestaciones ni la magnitud de la infección que comprometía el hueso.
Esa explicación llevó al hombre a creer que lo que ocurría era parte de la evolución esperable de su tratamiento. Así, siguió soportando los intensos dolores que padecía.
Acabó perdiendo su brazo dominante
La situación, sin embargo, distaba mucho de ser normal.
Meses después, la infección alcanzó tal gravedad que la amputación se transformó en la alternativa necesaria para preservar su vida.
Para la justicia, este punto también fue clave al fijar el monto de la indemnización.
Antes de los hechos, el hombre trabajaba de temporada en labores agrícolas, una actividad eminentemente física en la que el uso de las extremidades era esencial. La pérdida de su brazo dominante, por lo mismo, no solo impactó su vida diaria, sino también su principal ocupación laboral.
A ello se añadieron las secuelas psicológicas acreditadas y la merma de autonomía derivada de la amputación.
El tribunal también rechazó los argumentos del Servicio de Salud relativos a una eventual responsabilidad del propio paciente por su conducta o adherencia al tratamiento. A juicio de los ministros, aquello no bastaba para desvirtuar la falta de servicio establecida ni para disminuir la responsabilidad determinada en primera instancia.
Finalmente, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó el fallo del Segundo Juzgado Civil de Rancagua, pero incrementó la indemnización por daño moral de $40 millones a $60 millones.
Para fijar esa suma se consideraron, entre otros factores, la pérdida irreversible del brazo dominante, la edad del afectado, el impacto en su autonomía y en sus actividades cotidianas, las consecuencias psicológicas y laborales y, especialmente, las circunstancias en que se produjo el deterioro de su salud.
En particular, la sentencia valoró que el paciente había advertido que existía un problema y que, pese a ello, recibió una explicación que le hizo creer que lo que ocurría era parte de una recuperación normal. Solo meses más tarde supo que la infección había alcanzado una gravedad tal que hizo imprescindible la amputación.
