El caso de Maricarmen ha remecido tanto a la política como a la sociedad española. Este fin de semana, decenas de miles recorrieron el centro de la capital con pancartas para exigir medidas que contengan el encarecimiento de la vivienda y pongan trabas a los desahucios.
Las escenas de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, siendo sacada en camilla de su apartamento en Madrid el miércoles, después de que la policía derribara la puerta, devolvieron a primer plano la crisis de la vivienda en España, a pocos meses de las elecciones y tras varias legislaturas en las que la izquierda de Pedro Sánchez no ha conseguido marcar la pauta en esta materia.
“Tú podrías ser la próxima Maricarmen”, podía leerse en múltiples carteles este sábado por la noche en el centro de Madrid. “El desahucio de Maricarmen ha provocado una conmoción y es un punto de no retorno”, declaró a la prensa al inicio de la marcha Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid.
La propia Maricarmen, convertida en emblema de la crisis habitacional en España, llamó a la ciudadanía a sumarse a la lucha en un mensaje de video difundido en internet pocas horas antes de la protesta. “Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas”, afirmó desde un hospital, donde permanece ingresada por agotamiento desde su desahucio.
Las autoridades cifraron en torno a 25.000 manifestantes, mientras que el Sindicato de Inquilinos de Madrid, organizador de la marcha, aseguró que participaron más de 300.000.
Al concluir la manifestación, algunos activistas montaron un campamento en la Puerta del Sol, la céntrica plaza madrileña desde donde partió la marcha.
“No podemos más. O cae el rentismo o cae el gobierno”, señaló el sindicato en un comunicado en X, en el que llamó a la población a congregarse en ese punto.
Según el Sindicato de Inquilinos, Abascal se vio forzada a dejar el piso donde vivió unos 70 años después de que una empresa inmobiliaria comprara el inmueble y elevara el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales (casi 3 millones de pesos chilenos).
El presidente Sánchez, que el año pasado se comprometió a hacer de la vivienda una prioridad de su Ejecutivo, encara una presión cada vez mayor para actuar.
Se prevé que el Gobierno apruebe en su próxima reunión del Consejo de Ministros un paquete de medidas denominado como “decreto Maricarmen”, que contemplaría la renovación automática de los contratos de alquiler y nuevas restricciones a los desalojos.
No obstante, no está garantizado que el paquete reciba el visto bueno del Parlamento, donde el Ejecutivo de Sánchez carece de mayoría.
Una iniciativa de ley semejante fue rechazada a comienzos de este año, aunque el caso de Maricarmen ha incrementado la presión sobre los partidos políticos para que se muevan.
El Banco de España calcula que el país, con unos 50 millones de habitantes, arrastra un déficit de 700.000 viviendas, según la brecha entre la demanda y la nueva construcción.
España cuenta con muy poca vivienda pública, mientras que los alquileres se han disparado por el auge de la demanda, incluida la vinculada al turismo y al crecimiento de la población asociado a la migración, según analistas.
