El Congreso y la política exterior viven instantes decisivos. La vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ximena Ossandón (RN), analizó los asuntos que han dominado la agenda en los últimos días, desde el estreno del presidente José Antonio Kast ante la ONU y la incorporación de Chile al Escudo de las Américas, hasta los tropiezos de la agenda de seguridad y el debate por la Sala Cuna Universal.
En conversación con BioBioChile, la legisladora valoró el mensaje de Kast de que “Chile está de vuelta”, aunque admitió que aún faltan resultados tangibles para respaldar plenamente esa afirmación. Del mismo modo, se mostró a favor de la incorporación al Escudo de las Américas, pero señaló que resta conocer cuáles serán los compromisos y mecanismos específicos de cooperación.
En ese marco, Ossandón rebatió las críticas de los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet sobre eventuales amenazas a la soberanía y lanzó una de sus frases más duras: “Hay que tener bastantes patas para hablar de ese tema”.
La diputada también se refirió a los obstáculos que ha afrontado la reforma de seguridad en el Congreso y responsabilizó a la falta de compromiso de algunos parlamentarios. En cuanto a Sala Cuna Universal, pidió mayor protagonismo del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, especialmente en la definición de su financiamiento.
“Hay que tener bastantes patas para hablar de soberanía”
—Diputada, el presidente José Antonio Kast debutó en la ONU con un discurso en que, entre otras cosas, aseguró que, después de años de estancamiento, Chile está saliendo adelante. ¿Qué opina de su intervención? ¿Le gustó? ¿Faltó o sobró algo?
Pienso que el presidente tiene la plena libertad de pronunciar un discurso ante la ONU tal como lo hizo. No hubo grandes novedades en el mensaje mismo, sino en lo que vino a continuación con la adhesión al Escudo de las Américas. Él ha sido muy crítico de procesos de la historia reciente y, en cierto modo, hizo un Chile Day, promoviendo la imagen del país ante otras naciones e inversionistas, incluso con señales en materia económica. En esencia, su eje fue: Chile está de vuelta. Luego entregó un diagnóstico: seguridad, migración, economía, nuestros recursos, transición energética. Y, de manera algo inesperada, incluyó una crítica a la propia ONU.
No sé si sea tan inusual que un presidente cuestione a la ONU en su propia casa, pero para los chilenos no es algo sorprendente. Lo novedoso fue que aceptara ir, considerando su visión histórica sobre la organización. También planteó cambios para que la ONU, según su criterio, cumpla de verdad sus propósitos fundacionales. Me pareció correcto y dentro de las atribuciones de un jefe de Estado.
—Kast dijo que “Chile está de vuelta”. ¿Comparte esa idea? ¿Estuvo perdido Chile antes de Kast?
Ante la comunidad internacional, su mensaje es que Chile retoma impulso y él está desplegando esfuerzos para reactivar el país, con una megarreforma económica cuyo fin es poner a Chile nuevamente de pie en lo productivo. Sabemos que sin una economía sólida es difícil garantizar seguridad, y sin seguridad se deteriora la vida familiar y el empleo.
Ahora bien, “Chile está de vuelta” es más bien la ruta que debemos recorrer desde dentro para que eso sea real. Él sugiere que ya estamos en ese camino. Pueda gustar o no, y es distinto a lo que pudo haber propuesto el presidente Gabriel Boric. Para él y para una parte relevante de la ciudadanía, aún hay esperanza de levantar al país. Comparto esa expectativa, pero todavía faltan hechos verificables e indicadores concretos que lo respalden sin dudas. Nos falta un tramo.
—Además, el mandatario invitó al mundo a invertir en Chile. ¿Cree que el país está preparado actualmente para este desafío?
Una parte sustantiva de la megarreforma apunta precisamente a dar certezas. La invariabilidad tributaria —que generó amplio debate— busca enviar una señal para que las grandes inversiones regresen con reglas claras y estabilidad jurídica, sin cambios a mitad de camino. También hay incentivos relevantes para la repatriación de capitales. En la práctica, fue un mini Chile Day.
Creo que el presidente utilizó la vitrina para intentar recuperar el flujo de inversiones que históricamente tuvimos y que hemos ido perdiendo. Y eso podría profundizarse si la megarreforma trasciende a un gobierno en particular y se convierte en una política de Estado que perdure en las futuras administraciones.
—El presidente aseguró que las Naciones Unidas “no han estado a la altura de los desafíos de nuestros tiempos”. ¿Fue el momento y el lugar adecuados para esa crítica?
La ONU permite un ejercicio pleno de la democracia y no impone límites rígidos al contenido de los discursos. Los presidentes tienen total libertad para expresar su posición.
Él sostuvo que el organismo no ha respondido a los retos actuales y propuso reformar el Consejo de Seguridad. La ONU, como sabemos, está en un proceso de deliberación sobre su conducción. Tal vez la idea no tenga efecto inmediato, pero podría permear y abrir paso a cambios en el futuro. No detalló el “cómo”, pero instaló un tema que podría avanzarse más adelante.
El crimen organizado es hoy un fenómeno global. La prevención de guerras también depende de políticas internacionales coordinadas. Una reforma podría ayudar a que la ONU retome plenamente sus propósitos fundacionales; y si eso no ocurre, quizá habría que replantear el organismo desde su base o pensar en uno nuevo.
Me parece atendible que tenga una postura clara al respecto. La necesidad de aunar esfuerzos contra el crimen organizado obliga a la ONU a repensar procedimientos y resultados para estar, a juicio del presidente Kast, a la altura.
—Dentro de esta misma gira, Chile se adhirió al Escudo de las Américas. ¿Respalda esta decisión con todo y las críticas sobre posibles riesgos de afectar a la soberanía?
El Escudo de las Américas apunta, en teoría, a una cooperación amplia para enfrentar el crimen organizado. Son 15 países que comparten esa urgencia de coordinarse. Entiendo que no es un tratado, porque de serlo tendría que pasar por el Congreso y ajustarse a nuestras leyes, con un análisis más profundo. Es una adhesión.
Se ha instalado la idea de que podría vulnerar nuestra soberanía, y luego apareció una carta de los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet advirtiendo sobre ese punto. Valoro que planteen inquietudes, pero estimo que, si el tema era tan relevante, lo razonable habría sido abordarlo primero en una reunión reservada y no en redes sociales. Hemos llevado la política exterior al debate interno cotidiano, algo inédito en nuestro país.
Una parte central de esa carta apunta al riesgo sobre la soberanía. Francamente, y lo digo con total sinceridad, hay que tener bastantes patas para hablar de ese tema cuando, en su momento, la oposición del presidente Sebastián Piñera se opuso a la Ley de Migración, la llevó al TC y por largo tiempo promovió un supuesto derecho a migrar, lo que no existe si no se cumplen las leyes del país de destino. Era como derribar fronteras y prescindir de visas, como si migrar fuera un derecho sin condiciones. ¿Resultado? Ahí sí se puso en entredicho la soberanía, porque se perdió el control de quién ingresaba al país.
Eso fue un golpe mucho más serio a nuestra soberanía en los últimos años. Por eso hoy enfrentamos lo que enfrentamos, y por eso el presidente Kast intenta ordenar quién está en Chile, quién aporta y quién no. El verdadero riesgo a la soberanía ocurrió cuando los sectores referenciados por Michelle Bachelet y Gabriel Boric defendieron ese supuesto derecho a migrar, mientras nosotros perdíamos el control de las fronteras. Eso sí fue grave.
Aquí recién comienza una historia. Nadie podría objetar la intención del Escudo de las Américas, pero quedan debates cruciales: definir compromisos concretos y el tipo de cooperación que se solicitará. Ahí debemos discutir. Nuestras leyes son claras y robustas: no puede entrar ninguna fuerza armada extranjera. Y si en algún momento ese mecanismo intentara ir más allá de lo que establece nuestra Constitución y nuestras leyes, habrá que decidir si seguimos o no en el Escudo de las Américas.
Cuando tengamos claridad, opinaremos. Hoy no sabemos cuáles serán los compromisos puntuales ni los procedimientos y formas de cooperación. Puede ser intercambio de información contra el crimen organizado, compartir sistemas de análisis de datos, capacitar a Carabineros y PDI con experiencias de Estados Unidos u otros países, o mejorar la coordinación fronteriza con Argentina, Perú y Bolivia. Todo eso está por definirse.
—¿Faltó socializar el tema, plantearlo antes? ¿Fue democrática la forma en que se tomó la decisión?
El único ministerio cuya conducción recae íntegramente en el presidente, y donde él asume toda la responsabilidad, es el de Relaciones Exteriores. Él define la política exterior. Probablemente trabajó con su equipo más cercano, pero es riesgoso politizar este ámbito y llevarlo a la coyuntura interna, discutiendo si se ingresa o no a mecanismos de este tipo.
Esto viene como continuidad del Acuerdo de Santiago, realizado hace poco con nuestros vecinos para coordinarse frente al crimen organizado. En ese momento no hubo reparos. Ahora, con 15 países involucrados, se armó un gran revuelo, impulsado por sectores que en su minuto sí pusieron en jaque la soberanía de Chile. Y hoy estamos asumiendo las consecuencias.
No rajemos vestiduras cuando conviene y miremos para el lado cuando no. La política exterior la conduce el presidente de la República. Si se tratara de un tratado, es distinto, porque debe ser revisado por los órganos correspondientes y por el Congreso. Pero esto es solo una adhesión. Insisto en que la conversación de fondo está pendiente y que evaluaremos qué viene después, cuál es la letra chica. Ahí, concedo, todos deberíamos opinar.
Por ahora es una adhesión cuyo objetivo es combatir el crimen organizado. Me cuesta creer que un país se oponga a eso.
La reforma de seguridad entrampada y Sala Cuna Universal con el ojo en el financiamiento
—Pasemos al Congreso. La reforma de seguridad se ha visto entrampada, incluso si hablamos de buscar apoyos de aliados oficialistas. ¿Por qué esta propuesta del gobierno no logra convencer ni a su propio sector?
Hemos tenido traspiés últimamente. Algunos fueron errores no forzados del propio gobierno y otros nos tomaron por sorpresa. La reforma constitucional está prácticamente detenida en el Senado. Los senadores Longton y Squella preparan una alternativa, intentando, creo yo, hacer lo que faltó: socializar bien qué tocar y qué no a nivel constitucional, con una mirada más prudente que el primer proyecto.
En la agenda ACOT, el primer fracaso fue sorpresivo y tiene dos lecturas. Una, culpar a la Segpres por no cuadrar bien los votos, cuando los comités políticos son los llamados a saber quiénes estarán en sala y cómo votarán. No se le puede pedir al ministro García que adivine que quienes respaldaron en Comisión luego cambiarán en sala, o que quienes hablaron a favor terminen no votando.
Hoy hay un nivel brutal de falta de compromiso. Antes no ocurría: si un parlamentario votaba a favor, mantenía su posición; si se abstenía, podía después definirse, pero existía coherencia con el trabajo en Comisión. Esto revela una clase política muy debilitada, donde alguien puede aparecer en la sala y echar por tierra el trabajo prelegislativo y legislativo hecho en comisiones.
La polarización es tal que, por un gusto personal —hubo quienes disfrutaron con la incomodidad del ministro Rabat—, se cambiaron votos solo para hacerlo pasar un mal rato. Eso evidencia que los discursos sobre combatir el crimen organizado y devolver la seguridad quedan en nada cuando entra el cálculo político.
Si hay un tema en el que deberíamos estar alineados transversalmente es seguridad. Es muy triste que diputados con trayectoria voten a favor y luego en contra, y que los más nuevos hablen a favor y terminen levantándose o rechazando. El problema no es el proyecto en sí, sino la confianza, la palabra y el trabajo compartido. —y no quiero usar términos más duros porque son mis compañeros— La Cámara de Diputados enfrenta un déficit que debemos corregir, honrando compromisos y entendiendo que no se trata de hacerle la vida imposible al Gobierno, sino de resolver problemas que afectan a la ciudadanía todos los días.
—En concreto, con este complejo escenario, ¿cómo se podría llegar a un acuerdo transversal? ¿Qué debería ocurrir?
La presión pública ha sido clave. He visto críticas muy duras hacia quienes cambiaron su voto o hacia la incapacidad de ponernos de acuerdo en algo tan esencial.
Y creo que la ciudadanía tiene un rol enorme: exigir a sus representantes que se avance, porque la agenda de seguridad no es una más. ¿Depende el futuro del país de ella? Sí.
En esta descoordinación, el único beneficiado es el crimen organizado, que debe haber mirado con palomitas el desorden en la Cámara de Diputados, mientras nosotros perdemos tiempo en rencillas, minucias y peleas estériles, ellos avanzan y se infiltran sin freno. Y las víctimas son nuestra gente. Tiene que haber una presión muy fuerte de la ciudadanía para recordarles a sus diputados que aquí no hay espacio para juegos ni transacciones.
—Otro proyecto que ha generado debate público es el de Sala Cuna Universal. Usted ha destacado el impacto que podría tener en el empleo femenino. ¿El Gobierno le está dando suficiente prioridad y energía al proyecto?
Mira, quien está totalmente comprometido es el ministro del Trabajo, Tomás Rau. Echo de menos al ministro Jorge Quiroz acompañándolo, porque al final Hacienda define el ritmo y los recursos.
Hay una interrogante central: el financiamiento. ¿Cuál será la cobertura real del fondo? No es igual 5,2 UTM que 6 UTM. El texto dice 5,2, pero considero que 6 sería lo adecuado para reducir el copago, ya sea de las familias o los empleadores. Se necesita con urgencia que el ministro Quiroz ponga en este proyecto la misma energía que en la megarreforma y la reforma al mercado de capitales, porque es decisivo para que más mujeres puedan trabajar.
Además, es una oportunidad para que se entienda que el gobierno del presidente Kast sí está comprometido con la agenda de las mujeres, pese a las dudas. Ya solicitamos formalmente que el ministro Quiroz asista a la Comisión de Trabajo. Quiero oírlo, saber qué piensa del proyecto y si está dispuesto a empujarlo, porque hablamos de una iniciativa de gran alcance, quizás más que los dos grandes proyectos que ha impulsado, y que, junto a la Sala Cuna Universal, debiera proyectarse en el futuro hacia jardines universales. Eso permitiría que más mujeres trabajen y, eventualmente, mejorar la natalidad, dando la seguridad de que sus hijos estarán bien cuidados mientras cumplen sus jornadas.
En síntesis, el Estado debe dar garantías a las familias para la crianza, y la Sala Cuna Universal es clave. Sus impactos son mayores de lo que se imagina. Todos deberíamos estar dispuestos a financiarla, porque si mañana no hay jóvenes sosteniendo el sistema, ¿quién cuidará de nosotros en la vejez?
Los efectos son muy relevantes: parte por aumentar la participación laboral femenina, pero también entrega certezas para que más mujeres puedan tener hijos, con todo lo que implica para la economía, el crecimiento, el consumo y la sostenibilidad del Estado a futuro, incluso cuando haya que subir la PGU para las personas mayores.
El gobierno no ha dimensionado que debe comprometerse al 100% y no solo en discursos. Quiero ver acciones: al ministro Quiroz sentado en la Comisión de Trabajo explicando cómo sacamos el proyecto adelante lo antes posible, más aún con las cifras de desempleo actuales, que afectan mayoritariamente a mujeres.
—En este escenario, ¿cómo debería financiarse este proyecto si no es con el Seguro de Cesantía que fracasó en el Senado?
Si bien naufragó en el Senado, puede reponerse en la Cámara de Diputados. El gobierno ha cometido un error comunicacional: hablar de flujos y stocks confunde a la gente —yo misma tuve que aprender—.
Si explicas que del Seguro de Cesantía se detrae un 0,85 y haces el ejercicio con alguien que gana $800.000, tiene $1.700.000 en su seguro, y que si esta ley se promulga y, tras dos o tres años, queda cesante, su merma proyectada sería de unos $1.600, se entiende mejor que ese aporte financia un proyecto enorme.
No es lo mismo decir: “Te descontarán $1.000, $2.000 o $3.000” a instalar la idea de que “tu Seguro de Cesantía quedará inservible”. Falta claridad sobre el impacto real, que es muy menor.
Hay un problema de comunicación. Y ahora vemos propuestas como bajar sueldos a funcionarios que ganan sobre $6 millones. ¿Cuánto cuesta la Sala Cuna? Aproximadamente 300 millones de dólares anuales. ¿Crees que eso se cubre con esa medida? Es absurdo. Totalmente absurdo.
Debemos comunicar mejor los beneficios y dimensionar que el costo para el Seguro de Cesantía es casi marginal frente al retorno social. Y frenar a quienes sostienen que “lo pague el Estado”, porque al final también es dinero de todos. Prefiero saber de dónde sale y que esté focalizado en mujeres trabajadoras y personas que cotizan.
La comunicación debe ser más directa para desactivar propuestas populistas. Hablemos claro: esto requiere al menos 300 millones de dólares anuales. Además, al cambiar el sujeto del derecho desde la mujer al niño, el universo se amplía y, en la partida, el costo puede ser mayor. Dejemos el populismo: la merma es muy baja y los beneficios, enormemente superiores.
—¿Cómo quitarle el miedo a la ciudadanía sobre este tipo de financiamiento, que los beneficios son mayores y que esto realmente vale la pena?
Esto es, sobre todo, un desafío comunicacional. Está íntimamente ligado al trabajo, como también lo está el Seguro de Cesantía. Por eso hay confusión: “Se va a acabar mi seguro”. No es así. El impacto es muy acotado y los beneficios son enormes. Cuesta encontrar a alguien que no se vea favorecido directa o indirectamente con una Sala Cuna Universal y, más adelante, con un jardín universal.
Los efectos positivos nos alcanzan a todos. Expliquémoslo mejor. Hace falta la energía del gobierno, un despliegue comunicacional real, ministros en terreno, como cuando recorrían el país para explicar reformas. La gente debe comprender que esto vale la pena.
