Más de $732 millones de fondos públicos se han invertido en la construcción, medidas de mitigación y posterior rediseño del gimnasio del Liceo Bicentenario Almirante Pedro Espina Ritchie (A-21) de Talcahuano, un espacio que lleva más de diez años sin estar disponible para sus alumnos.
Ante este escenario, la diputada del Partido Republicano Paz Charpentier emprendió diversas gestiones para esclarecer el uso de los recursos y establecer eventuales responsabilidades por una obra que debía beneficiar a cerca de 700 estudiantes.
En esa línea, la parlamentaria se reunió en Santiago con la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Ana María Hübner, para abordar las posibles acciones vinculadas al caso.
El gimnasio se levantó como parte de la reconstrucción del establecimiento tras el terremoto y tsunami de 2010. Sin embargo, la estructura presentó fallas graves antes de que los trabajos concluyeran.
En 2015, un peritaje del Instituto de Investigaciones y Ensayes de Materiales (IDIEM) de la Universidad de Chile estableció que los marcos de madera laminada que sostienen la estructura “eran irrecuperables”, debido a deficiencias en su diseño estructural.
Desde entonces, el gimnasio sigue fuera de uso.
De acuerdo con antecedentes entregados por la Seremi de Educación del Biobío en respuesta a un oficio de Charpentier, inicialmente se asignaron $549.669.910 provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para la construcción del gimnasio, incluyendo modificaciones al contrato.
A ese monto se añadieron $86.395.872 aportados por el Ministerio de Educación para instalar camarines provisorios, cierres perimetrales y protecciones como medidas de mitigación.
Además, el municipio destinó $49.750.461 al cierre perimetral del patio cubierto habilitado para las clases de educación física.
Asimismo, se desembolsaron $46.990.800 para el diseño de un nuevo gimnasio. Ese proyecto está concluido desde junio de 2021, pero aún no se ejecuta.
En total, la cifra informada asciende a los $732.807.043.
Charpentier sostuvo que se malgastaron cientos de millones de pesos en una estructura inutilizada, cuestionó que el Estado —y con ello todos los chilenos— deba absorber el error sin que haya responsables y recalcó que los estudiantes siguen sin una infraestructura educacional adecuada.
El problema se arrastra desde hace años. En 2016, información conocida a través del Consejo para la Transparencia señalaba que el Ministerio de Educación había puesto a disposición del Consejo de Defensa del Estado el informe del IDIEM sobre la situación del gimnasio.
Más recientemente, en agosto de 2026, el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, afirmó públicamente que la estructura debe ser demolida por problemas estructurales.
Tras su reunión con Hübner, Charpentier anunció que oficiará formalmente al CDE para conocer qué caminos siguen disponibles para determinar responsabilidades por lo ocurrido.
La diputada precisó que no solicita condenas anticipadas, sino algo más básico: que las distintas instituciones examinen los antecedentes, establezcan qué acciones siguen vigentes y persigan a quienes correspondan responsabilidades.
