Rodríguez y Charpentier visitan al exconscripto Robledo en la cárcel y solicitan a Kast su indulto

Las diputadas republicanas Javiera Rodríguez y Paz Charpentier acudieron al Complejo Penitenciario de Huachalalume, en La Serena, para visitar a Carlos Robledo Olguín, exconscripto del Ejército sentenciado a 10 años de prisión por la muerte de Romario Veloz durante el estallido social de 2019.

Tras la visita, las parlamentarias reafirmaron su apoyo a la solicitud de indulto para Robledo y criticaron que permanezca en reclusión por hechos ocurridos mientras realizaba el servicio militar y participaba del despliegue de las Fuerzas Armadas en estado de excepción.

En un video difundido en sus redes sociales, Rodríguez expresó que salieron conmovidas y con un profundo sentido del deber de seguir impulsando lo que considera una causa fundamental.

La legisladora afirmó que el caso “merece ser considerado” y sostuvo que, a su juicio, Robledo debería recuperar su libertad.

Añadió que el honor de servir al país no puede convertirse en una condena, un tema que —dijo— interpela a toda la ciudadanía y, con especial énfasis, a quienes ejercen el servicio público.

Rodríguez y Charpentier visitan al exconscripto Robledo y solicitan su indulto

Paz Charpentier, por su parte, describió como “dramática” la situación del exconscripto y denunció abandono del Estado hacia uniformados condenados por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Señaló que el caso de Carlos es dramático; contó que conversaron con él y que cualquiera en su lugar difícilmente imagina la desesperanza y el abandono del Estado de Chile.

La diputada indicó que el encuentro refuerza su determinación de seguir trabajando por Robledo y otros uniformados encarcelados, y agregó que esto las inspira a continuar en favor de ellos, de todos los uniformados y de los chilenos.

Charpentier concluyó haciendo explícita su solicitud al Ejecutivo: “No más presos por servir, indulto ahora, y todo el apoyo a los uniformados y a las familias”.

La sentencia contra Robledo por el fallecimiento de Romario Veloz

Carlos Robledo Olguín, de 25 años, cumple una pena de 10 años de presidio por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte de Romario Wladimir Veloz Cortés, ciudadano ecuatoriano de 26 años que falleció tras recibir un disparo durante una manifestación el 20 de octubre de 2019, en las inmediaciones del Mall Plaza La Serena.

En ese momento, Robledo estaba realizando el servicio militar.

Según lo establecido por la justicia, ese día una unidad del Ejército estaba desplegada en el sector bajo el estado de excepción decretado tras el inicio del estallido social. El capitán José Santiago Faúndez, posteriormente condenado a 15 años de cárcel, ordenó abrir fuego durante los incidentes ocurridos en el lugar.

El fallo determinó que Robledo disparó su fusil Galil, cargado con munición de guerra, impactando a Romario Veloz. En septiembre de 2023 se le impuso una condena de 10 años de presidio.

No obstante, su defensa ha cuestionado las condiciones en que actuó el entonces conscripto. Entre sus argumentos, sostiene que Robledo tenía poca preparación, había participado en escasas campañas de tiro y no recibió instrucción adecuada sobre las Reglas de Uso de la Fuerza para labores de control del orden público.

Los abogados también han objetado aspectos relativos al fusil Galil y al empleo de munición real y de fogueo, puntos que incorporaron más tarde a la solicitud de indulto presentada al Ejecutivo.

El indulto depende del Gobierno

El tema volvió a instalarse en la discusión política este año, luego de saberse que Robledo solicitó un indulto particular al presidente José Antonio Kast.

Sus defensores ingresaron la petición el 19 de marzo, y el caso integra las solicitudes de perdón de pena vinculadas a hechos del estallido social que están siendo revisadas por el Ejecutivo.

El propio mandatario ha mencionado públicamente a Robledo al abordar el eventual despliegue de militares en tareas de seguridad pública, utilizando su caso para referirse a las consecuencias judiciales que pueden enfrentar los uniformados destinados a esas funciones.