La incorporación de Chile al Escudo de las Américas desató un intenso debate político. El Gobierno ha reiterado que su foco principal es la coordinación y el intercambio de información para combatir al crimen organizado, pero la declaración conjunta firmada por los 15 países participantes abarca un espectro bastante más amplio.
El documento, difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos el 22 de septiembre, contempla compromisos económicos, de seguridad y de coordinación multilateral. Se refiere a minerales críticos, control de inversiones, cooperación en inteligencia, sanciones contra organizaciones catalogadas como narcoterroristas y una eventual “acción colectiva” en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
Es justamente esa amplitud la que ha alimentado las críticas en Chile, con reproches por la falta de información del Gobierno de José Antonio Kast, dudas sobre una posible afectación de la soberanía nacional y cuestionamientos por no involucrar al Congreso en una decisión de este tipo. Algunos incluso lo califican de “tratado encubierto”.
De hecho, fuentes de Cancillería admitieron posteriormente que fue un error la manera en que se comunicó la adhesión, considerando que Estados Unidos divulgaría el texto completo y que este incluía materias adicionales al intercambio de información.
Las aprensiones llegaron incluso a los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric, quienes expresaron su preocupación por la adhesión, advirtieron sobre la protección de la soberanía y autonomía del país y llamaron al Gobierno a reconsiderar la permanencia de Chile en la iniciativa.
La controversia también se trasladó a la Contraloría. Diputados de oposición pidieron al organismo revisar la legalidad de la incorporación de Chile, argumentando que la declaración podría tener rasgos de un tratado internacional y abarcar materias que, a su juicio, deben pasar por el Congreso.
El Escudo se transformó además en uno de los puntos centrales de la interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna en la Cámara.
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DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EE. UU.
NOTA DE PRENSA
OFICINA DEL PORTAVOZ
22 DE SEPTIEMBRE DE 2026El texto de la declaración que se presenta a continuación fue publicado por los Gobiernos de los Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, y Trinidad y Tobago:
Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno que participamos en el Escudo de las Américas, expresamos conjuntamente nuestra intención de fortalecer la resiliencia del Hemisferio Occidental mediante los tres pilares del Escudo de las Américas que se indican a continuación: económico, de seguridad y de coordinación multilateral.
Con tal fin, declaramos de manera conjunta nuestra intención de emprender las siguientes acciones, de acuerdo con nuestras respectivas obligaciones jurídicas internacionales y nacionales:
Proteger nuestras economías impulsando la cooperación económica; examinando mecanismos de control de inversiones; resguardando las cadenas de suministro de minerales críticos mediante fuentes diversificadas y confiables; y promoviendo normas sobre proveedores confiables para la infraestructura digital que se apliquen de manera no discriminatoria. Reconocemos que una seguridad duradera exige desarrollo económico, empleos estables y oportunidades concretas para la población, y que la soberanía económica se preserva de forma efectiva cuando el capital que ingresa a nuestras naciones es transparente y verificable.
Resguardar la gobernanza democrática frente a redes armadas de narcoterroristas, lo que incluye la coordinación de sanciones, designaciones y medidas financieras contra terroristas y delincuentes; la ampliación de las fuerzas de seguridad civiles; y la provisión de asistencia humanitaria y de comunicaciones para proteger la voluntad popular.
Defender y promover el respeto mutuo por la soberanía nacional y la autodeterminación de cada nación a través de foros multilaterales para coordinar e impulsar objetivos y propuestas comunes, como catalizar acciones internacionales de aplicación de la ley contra los grupos delictivos organizados transnacionales o llevar a cabo las reformas necesarias en las organizaciones multilaterales.
Para impulsar estos tres pilares, los Estados participantes prevén reforzar la cooperación mediante un mayor intercambio de información de inteligencia; facilitar, cuando corresponda, el acceso a tecnologías y capacidades de seguridad; promover la capacitación y el desarrollo profesional de los recursos humanos; y ampliar el intercambio de buenas prácticas. Los Estados participantes también aspiran a profundizar la cooperación en inversión y asuntos económicos, así como a fortalecer la consulta y la coordinación de posiciones comunes sobre temas de interés compartido en los foros regionales y multilaterales.
Reconociendo que una amenaza inmediata y común en nuestro hemisferio es la que representan las organizaciones narcoterroristas transnacionales, que ponen en peligro la paz y la seguridad de nuestro hemisferio, así como la seguridad y prosperidad de nuestros ciudadanos, hoy anunciamos la primera acción conjunta en el marco de los pilares recién presentados: la acción individual y colectiva para combatir el flagelo del narcoterrorismo.
En esta línea, declaramos nuestra intención de imponer, según proceda y en armonía con nuestras respectivas obligaciones jurídicas internacionales y nacionales, la congelación de activos; restricciones migratorias y de visados para los miembros, asociados y simpatizantes de dichas organizaciones; y responsabilidad penal para quienes, a sabiendas, brinden apoyo material, incluido el logístico, a estas organizaciones, entre otras medidas. Esta primera acción conjunta se centrará en las 24 organizaciones listadas a continuación, con independencia del nombre que reciban en cada uno de nuestros países.
Para facilitar el logro de estos objetivos, tenemos la intención de suscribir conjuntamente una solicitud formal dirigida al Presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, a fin de que convoque una reunión de consulta para decidir la creación de un Órgano de Consulta, conforme a los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tratado de Río).
Una vez convocada la reunión formal del Órgano de Consulta, prevemos participar a nivel ministerial para considerar la adopción de una resolución que promueva y facilite la acción colectiva contra las organizaciones narcoterroristas en el marco del Tratado de Río. Los Estados que participan en el Escudo [de las Américas] y que actualmente no forman parte del Tratado de Río respaldan esta iniciativa y manifiestan su determinación de contribuir a ella de conformidad con sus respectivas obligaciones jurídicas internacionales y nacionales, y en la medida en que estas lo permitan, incluso mediante su participación en el Órgano de Consulta siempre que su Reglamento lo permita.
Las 24 organizaciones:
Mara Salvatrucha (MS-13)
Tren de Aragua
Carteles Unidos
Cartel del Golfo (Gulf Cartel)
La Nueva Familia Michoacana
Cartel del Noreste
Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
Cartel de Sinaloa
Gran Grif
Viv Ansanm
Los Lobos
Los Choneros
Barrio 18
Cartel de Los Soles
Clan del Golfo
Primeiro Comando da Capital
Comando Vermelho
Chone Killers
Los Viagras
Cartel de Juárez (La Línea)
Grupos disidentes de las FARC, entre ellos FARC-Estado Mayor Central, FARC-Segunda Marquetalia, o grupos con apodos, afiliados y sucesores
ELN
Sendero Luminoso
Los TigueronesLos participantes en el Escudo de las Américas coordinan esfuerzos para resguardar su soberanía al imponer de manera colectiva sanciones y otras medidas a estas 24 organizaciones narcoterroristas.
