Concejales de Chiguayante se pronunciaron para que la Municipalidad evite que los vecinos pierdan la mitad de la plaza José Palma Barrera, cuya propiedad fue validada por la justicia a favor de un particular.
Para ello solicitan apelar la sentencia o, si el fallo se ratifica, obtener los recursos para comprar el paño y conservar el área verde tal como se mantiene hasta ahora.
Son cerca de 250 metros cuadrados los que el Primer Juzgado Civil de Concepción declaró como propiedad legal de Andrés Salas, quien adquirió el terreno por 45 millones de pesos a una empresa a fines de 2024.
En relación con la sentencia, que pone en riesgo el área verde para los vecinos de la plaza José Palma Barrera, el concejal Carlos Hidalgo señaló que la Municipalidad de Chiguayante debe evaluar todas las alternativas para resguardar íntegramente el lugar, incluso la de tener que comprar el paño.
“Aún faltan resoluciones posteriores, pero si nos situamos en un escenario de decisión, yo lo miro desde la perspectiva social y, en la medida en que exista factibilidad técnica y recursos financieros, me inclino por que no deberíamos afectar a las y los vecinos de mi comuna de Chiguayante”, afirmó Hidalgo.
Otros concejales se pronuncian por el caso de la plaza en Chiguayante
Aunque no se situó en el escenario de considerar una salida económica para preservar la plaza, otro edil consultado, Dangelo Gacitúa, aseguró que el lugar debe defenderse hasta el final.
“En perspectiva, la plaza existe gracias a la donación de vecinos al municipio y, en lo personal, considero y consideramos que esa voluntad debe resguardarse hasta el final. Y, dentro de lo que la ley permita, es necesario sostener la condición de que el uso del suelo sea el de un área verde”, sostuvo Gacitúa.
Por su parte, la concejala, Mayerlin Suárez, sugirió que esta situación se habría originado por responsabilidades funcionarias y, por ello, pidió abrir una investigación.
“Un pronunciamiento jurídico formal respecto del fallo que ordena restituir el inmueble a su propietario privado y, especialmente, cuáles serán las acciones adoptadas por el municipio, si efectivamente va a presentar una apelación. Aquí no se trata de resguardar intereses particulares; se trata de esclarecer qué ocurrió, quién tomó la decisión, cuánto dinero público se ha invertido y, si hubo errores administrativos, que se establezcan las responsabilidades que correspondan”, expuso Suárez.
Pablo Aros, jefe jurídico municipal, adelantó que el siguiente paso será la apelación ante la Corte de Concepción.
