Los parlamentarios Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS), Daniela Serrano (PC), Jaime Bassa (FA) e Irací Hassler (PC) acudieron a la Contraloría General de la República para impugnar la legalidad del ingreso de Chile al llamado “Escudo de las Américas”.
Su planteamiento es claro: aseguran que el Ejecutivo difundió la medida como un esquema voluntario contra el crimen organizado, aunque los compromisos asumidos por Chile serían mucho más amplios. Según ellos, corresponde a un “tratado internacional” que debía ser tramitado por el Congreso.
Por ello, acusan que el presidente José Antonio Kast habría sobrepasado sus competencias y solicitan que el órgano encabezado por Dorothy Pérez examine tanto el procedimiento de adhesión de Chile como las cláusulas del entendimiento.
Escudo de las Américas: lo anunciado por Chile y lo difundido por Estados Unidos
Un eje del reclamo es la brecha que, a juicio de los diputados, existe entre la manera en que el Gobierno chileno comunicó la adhesión y la declaración conjunta difundida en Estados Unidos.
El 22 de septiembre, la Cancillería señaló que Chile se sumaba a un “marco de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos” para enfrentar el crimen organizado transnacional. Subrayó ventajas como el intercambio de información, análisis de datos con herramientas inteligentes, capacitación de policías y coordinación en fronteras.
Sin embargo, esa misma jornada el Departamento de Estado de Estados Unidos difundió la denominada “Declaración conjunta sobre la defensa de la soberanía hemisférica”, firmada por los 15 países involucrados.
Y allí, sostienen, el panorama es bastante más amplio.
El documento fija tres ejes: económico, seguridad y coordinación multilateral. Aborda asuntos como las cadenas de suministro de minerales críticos, el intercambio de inteligencia y una petición ante la OEA para evaluar una “acción colectiva” contra organizaciones narcoterroristas bajo el amparo del TIAR.
Para los solicitantes, esa diferencia es decisiva: afirman que el acuerdo trasciende la mera cooperación policial contra el crimen organizado. Ese es el eje de su impugnación.
“Un tratado internacional encubierto”
Los legisladores invocan la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y sostienen que lo relevante no es la denominación del instrumento, sino las obligaciones que crea entre los Estados.
Pese a que la declaración se refiere a la “intención” de adoptar ciertas medidas y a acciones que los países “se proponen” ejecutar, estiman que varias de ellas están delineadas con suficiente precisión y producirían efectos inmediatos.
“En este requerimiento estamos demostrando ante la Contraloría que el Escudo de las Américas es un tratado internacional encubierto”, sostuvo el diputado Luis Cuello.
A su juicio, “el gobierno ha engañado a los chilenos, poniendo en riesgo el cobre y el litio ante una potencia extranjera que ya se ha apropiado ilegalmente de las reservas de petróleo de otro país”.
El debate por la “soberanía hemisférica”
Los diputados igualmente ponen en tela de juicio el concepto que titula la declaración: “soberanía hemisférica”.
En su escrito argumentan que dicha expresión colisionaría con el artículo 5 de la Constitución, el cual establece que la soberanía radica esencialmente en la Nación.
Interpretan que aludir a una soberanía hemisférica implicaría una forma de soberanía colectiva o compartida entre Estados, lo que contravendría la definición constitucional chilena. Por ello incluso solicitan que la Contraloría pida a Cancillería el texto original de la declaración con sus respectivas firmas.
El requerimiento además señala dos ámbitos en los que, a su juicio, los compromisos asumidos incidirían en materias reguladas por ley.
El primero se refiere a los minerales críticos. El texto plantea resguardar sus cadenas de suministro mediante fuentes “diversificadas y confiables”.
Los diputados advierten que eso podría incidir en ámbitos regulados por la Constitución y las leyes chilenas, especialmente respecto del litio, e incluso requerir ajustes a su régimen jurídico vigente.
El segundo eje es la seguridad. La declaración prevé un mayor intercambio de inteligencia y cooperación tecnológica, y además impulsa activar mecanismos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para analizar una resolución que permita una “acción colectiva” contra organizaciones narcoterroristas.
A juicio de los diputados, ello podría abrir la puerta a operaciones de fuerzas extranjeras en Chile y entrar en tensión con las normas internas sobre el ingreso de tropas.
“El acuerdo suscrito por Chile busca la implementación de un mecanismo que facilita la operación de fuerzas militares extranjeras en territorio nacional”, acusó Cuello.
Diputados acuden a Contraloría por Escudo de las Américas
En opinión de los legisladores, el Ejecutivo habría contraído obligaciones propias de un tratado internacional y relativas a materias de ley sin observar el procedimiento constitucional pertinente.
Cuello dirigió sus críticas directamente a La Moneda: “El presidente Kast ha excedido sus atribuciones, se ha excedido de las competencias que la Constitución y las leyes le reconocen, con la gravedad que lo hace para beneficiar el interés de Estados Unidos y perjudicar el interés de Chile”.
En consecuencia, solicitan que la Contraloría requiera a la Cancillería todos los documentos, anexos, protocolos y memorándums que integren el Escudo, además de los actos administrativos dictados a partir de él.
Y, por último, que se pronuncie sobre la legalidad de la incorporación de Chile y de las disposiciones incluidas en los instrumentos que componen el acuerdo.
