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Gran Concepción
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Desde la Corporación Sempiterno advierten que la respuesta frente a las personas en situación de calle no puede limitarse a medidas temporales y llaman a fortalecer las políticas públicas. Su directora ejecutiva, Loreto Vidal, plantea que existe una brecha entre las decisiones que se toman desde el Estado y la realidad que enfrentan diariamente quienes viven en la calle.
Alrededor de 475 personas se encuentran registradas en situación de calle en Concepción, una realidad que, de acuerdo con quienes trabajan directamente con esta población, requiere respuestas permanentes y no solamente medidas asociadas a determinadas épocas del año.
Así lo plantea Loreto Vidal, directora ejecutiva de la Corporación Sempiterno, organización sin fines de lucro que desarrolla distintas iniciativas dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad en la Región del Biobío y que, a través del Centro de Acogida Territorial (CAT) “La Casa de Todos”, entrega un espacio de encuentro y acompañamiento a personas que viven en la calle.
Desde la organización hacen un llamado a revisar la manera en que se están diseñando y ejecutando las políticas públicas destinadas a esta población, especialmente frente a la falta de continuidad de algunos dispositivos y el cierre de albergues.
Uno de los cuestionamientos apunta precisamente a la discontinuidad de las alternativas de acogida.
Para Sempiterno, el cierre de un albergue o de un dispositivo de atención no significa que desaparezca la necesidad de las personas que recurrían a ese espacio. Por el contrario, quienes trabajan en terreno deben seguir enfrentando las mismas historias de vulnerabilidad, pero con menos herramientas disponibles.
La situación adquiere especial relevancia durante los meses de invierno, cuando las bajas temperaturas incrementan los riesgos para quienes permanecen en la vía pública. Sin embargo, Vidal plantea que la situación de calle no puede abordarse únicamente como una emergencia invernal, porque se trata de una problemática que existe durante todo el año.
“La Casa de Todos” busca precisamente ofrecer una alternativa de acogida voluntaria y acompañamiento, pero desde la corporación advierten que las organizaciones sociales no pueden asumir por sí solas una problemática de esta magnitud.
Otro de los puntos que preocupa a la organización es la desconexión que existiría entre algunas decisiones institucionales y la realidad cotidiana de las personas en situación de calle.
Quienes trabajan directamente con esta población conocen historias marcadas por quiebres familiares, problemas de vivienda, desempleo, dificultades de salud, consumo problemático de sustancias, abandono y pérdida de redes de apoyo.
Por ello, desde Sempiterno plantean que las políticas públicas deben considerar la diversidad de situaciones que existen detrás de las cifras y generar intervenciones que permitan acompañar a las personas durante procesos más largos.
La respuesta, sostienen, no debería terminar cuando una persona consigue temporalmente un lugar donde dormir.
Para Vidal, ampliar la cantidad de albergues puede ser parte de la solución, pero no constituye por sí solo una respuesta definitiva.
También se requieren programas de vivienda, atención de salud física y mental, tratamiento para personas con consumo problemático, recuperación de vínculos familiares, acceso a oportunidades laborales y acompañamiento social sostenido.
El desafío está en conectar esas distintas herramientas y evitar que una persona quede nuevamente en la calle una vez que termina un programa o se cierra un dispositivo.
En este punto, la colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, municipios, servicios públicos y organizaciones de la sociedad civil aparece como un elemento central para construir una respuesta coordinada.
Desde Sempiterno llaman a que las políticas públicas sean diseñadas considerando también la experiencia de las organizaciones que trabajan diariamente en los territorios.
La crítica apunta a que las decisiones institucionales deben incorporar la información y las dificultades que se observan directamente en terreno, especialmente cuando se trata de personas que no cuentan con redes familiares o que presentan múltiples factores de vulnerabilidad.
Para la corporación, la situación de calle no puede ser abordada únicamente desde la emergencia ni mediante soluciones transitorias. Se requiere una estrategia de largo plazo que permita prevenir que nuevas personas lleguen a vivir en la vía pública y, al mismo tiempo, generar caminos de salida para quienes ya se encuentran en esa situación.
Con cerca de 475 personas registradas en situación de calle en Concepción, el llamado de Sempiterno apunta a que esta realidad sea considerada como una prioridad permanente de las políticas sociales y que las decisiones sobre albergues, programas y recursos tengan continuidad.
Porque, advierten desde la organización, cuando un dispositivo cierra, las personas que necesitan ayuda no desaparecen: continúan viviendo en las calles y enfrentando las mismas condiciones de vulnerabilidad.