La Contraloría detectó múltiples irregularidades y falencias en la ejecución del Programa Inversión en la Comunidad (ProEmpleo) en la región del Bío Bío. En la revisión, que abarca el periodo 2024, se concluyó que más de mil beneficiarios no reunían los requisitos establecidos.
La auditoría, contenida en el Informe Final N.º 180 de 2026, examinó la gestión de la Delegación Presidencial Regional del Bío Bío en materias como la recepción, ejecución y rendición de los fondos del mencionado programa.
Entre los hallazgos, se determinó que 1.044 beneficiarios no reunían las condiciones que exige la normativa para integrar el programa, ya que estas personas obtenían rentas u honorarios de otras instituciones, tenían más de un empleador o percibían pensiones superiores a los topes permitidos para incorporarse a la iniciativa.
La auditoría igualmente advirtió riesgos para la transparencia y la objetividad en el ingreso de beneficiarios. Se constató que la Delegación carecía de procedimientos formalizados para normar las incorporaciones y sustituciones de participantes.
Nexos de beneficiarios con dirigentes sindicales
Lo anterior posibilitó que dirigentes sindicales ligados al programa propusieran nombres para cubrir vacantes, pese a que las bases y convenios no les conferían esa atribución. En ese marco, se determinó que 343 beneficiarios mantenían vínculos con 138 dirigentes sindicales que participaban del programa, mientras que otros 116 tenían relaciones de parentesco con personas asociadas a entidades ejecutoras privadas.
A ello se añadieron lazos familiares entre miembros de la coordinación regional del programa y ciertos beneficiarios.
El informe además señaló que 813 personas beneficiadas fueron contratadas en establecimientos educacionales sin acreditar su idoneidad psicológica para las labores que desempeñaban.
Ante ello, la Delegación deberá precisar cuáles de estas personas efectivamente realizaron funciones comprendidas en la ley N.º 19.464, regularizar la situación de quienes continúen en dichas tareas e implementar un control previo para futuras destinaciones.
Salidas del país durante licencias médicas
Otro antecedente indica que 1.692 beneficiarios contaban con autorizaciones de flexibilidad horaria otorgadas por las entidades ejecutoras, sin un procedimiento formal que definiera requisitos, condiciones y mecanismos de control.
Asimismo, la Contraloría detectó 9 beneficiarios que salieron del país en períodos en que se encontraban con licencias médicas.
Respecto de la ejecución de los proyectos, se evidenciaron debilidades en los controles de asistencia y supervisión. Se constató que 15 recintos estaban cerrados, lo que impidió verificar la presencia de 75 beneficiarios. Además, se observó que otras 33 personas no estaban en sus puestos de trabajo sin justificación.
En el ámbito administrativo, se advirtieron problemas reiterados y graves falencias en la tramitación de los convenios con entidades ejecutoras privadas. Se verificó que 22 convenios se ejecutaron aun cuando sus resoluciones aprobatorias habían sido representadas por la CGR durante la toma de razón. De ellos, solo siete fueron reingresados ya ejecutados y nuevamente representados, por lo que se materializaron sin una revisión previa adecuada.
Rendición y control de gastos
La revisión financiera también evidenció debilidades, como que las rendiciones se gestionaban mayoritariamente mediante planillas Excel, mientras el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas no contenía el detalle completo de los gastos ni la documentación de respaldo correspondiente.
Asimismo, se detectó el pago de bonos de movilización a beneficiarios que estaban con licencia médica, por un monto de $4,6 millones, además de transferencias por más de $4,4 millones correspondientes a cuotas sindicales, ahorros y descuentos voluntarios efectuados a cuentas de personas naturales, práctica que no se ajusta a la normativa vigente.
En atención a lo anterior, la Contraloría otorgó un plazo de 15 días hábiles al servicio para iniciar un sumario que determine eventuales responsabilidades administrativas. Además, remitirá los antecedentes al Ministerio Público por los posibles ilícitos asociados a la materia.
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