Una postura crítica expresaron parlamentarios ante los bonos de hasta $5 millones —no vinculados al logro de metas— que la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) otorgó a 653 trabajadores en el marco de una restructuración.
En el caso de la Refinería Aconcagua, ubicada en Concón, estos montos se añaden a las indemnizaciones pagadas a 16 funcionarios separados de sus cargos tras conocerse la manipulación de información ambiental.
De acuerdo con lo revelado por BBCL Investiga, ENAP desembolsó bonos que fluctuaron entre $2,5 y $5 millones, totalizando cerca de 6 millones de dólares. La medida respondió al “cambio de funciones” en el marco de una reestructuración empresarial.
Los pagos, que iniciaron este año, incluyen tanto a la Refinería Bío Bío como a Aconcagua y, en esta última, se agregan a las cuantiosas indemnizaciones de 16 funcionarios separados tras destaparse la adulteración de datos de azufre, hecho reconocido por la estatal.
El diputado Hotuiti Teao (IND-UDI) cuestionó este uso de recursos públicos, en un escenario marcado por el endeudamiento de la estatal y el proceso de ajuste económico impulsado por el Gobierno.
“Durante años la Empresa Nacional del Petróleo ha operado con un déficit en su balance; si bien aquello se ha ido revirtiendo en los últimos años, no guarda coherencia con el proceso de ajuste económico que se ha exigido por parte del Ministerio de Hacienda a los ministerios y también a los servicios públicos. Las empresas del Estado deben estar al servicio de los chilenos”, aseveró.
Mientras, el diputado Javier Olivares (PDG) tildó de “impresentable” el monto erogado y exigió transparencia respecto de la justificación de los incentivos ligados al “cambio de funciones”.
“Es impresentable, merece obviamente una explicación completa, acabada, principalmente porque mientras a los chilenos se nos pide apretarnos el cinturón, una empresa del Estado destina cerca de 6 millones de dólares en bonos para unos 653 trabajadores, incorporando además incentivos millonarios y en algunos casos bonificaciones mensuales que son permanentes“, cuestionó.
“Entonces, uno se pregunta: bueno, ¿cuáles eran las metas específicas que debían cumplirse para acceder a estos beneficios?”, agregó.
Por otra parte, Remberto Valdés, abogado en causas contra ENAP -que mantiene tres querellas contra los 16 ex ejecutivos de ENAP Aconcagua- planteó la existencia de un “correlato” que debe ser objeto de investigación.
ENAP indicó que los cambios asociados a la reorganización “obligaron a modificar las condiciones contractuales de algunos trabajadores/as”.
Por ello, “la empresa determinó pagar un incentivo económico por el cambio en sus funciones”, aunque tales variaciones no necesariamente implicaran un aumento de las tareas a realizar.
