El Gobierno de España sacó adelante, con una rapidez inusual, decretos relacionados con la crisis habitacional que atraviesa el país, cuyo punto más crítico se vivió el pasado viernes con el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años con discapacidad.
Según El Mundo, la administración de Pedro Sánchez alcanzó un acuerdo con Sumar, de izquierdas, para impulsar dos reales decretos que serán debatidos en profundidad por el Parlamento.
Uno de los textos aborda la protección de la vivienda y la regulación de los arriendos en el país, mientras que el otro se centra en la renovación automática de los contratos de alquiler.
No obstante, ya se anticipa un debate prolongado entre los parlamentarios, pues partidos de oposición como el PP o VOX han adelantado su rechazo a las medidas, postura que también mantiene Junts.
Por su parte, otras fuerzas de izquierda, entre ellas partidos regionales y Podemos, sostienen que los paquetes se quedan “cortos” para hacer frente a la crisis de vivienda.
Hasta el momento, lo más concreto contempla prorrogar por dos años ciertos arriendos, congelar precios según zonas residenciales, suspender los desalojos hasta 2030 y regular los alquileres de temporada.
“El paquete incorpora, además, otras medidas económicas y fiscales dirigidas a determinados inquilinos, propietarios y compradores jóvenes, según la información publicada sobre el acuerdo”, señaló el medio France 24.
Asimismo, Sumar subrayó la medida de renovación automática de los arriendos para asegurar la continuidad de los contratos y evitar que los inquilinos tengan que abandonar sus viviendas o asumir nuevas condiciones económicas solo porque vence su contrato.
Las medidas sobre Vivienda aprobadas por el Consejo de Ministros: de la prohibición de desahucios hasta 2030 a la prórroga de dos años de los contratos en vigor https://t.co/bKbSkmw8Bl
— EL MUNDO (@elmundoes) September 29, 2026
Crisis de vivienda en España: Un trámite complejo en el Congreso
La próxima fecha clave es el viernes 2 de octubre, cuando el Congreso tiene previsto celebrar el pleno extraordinario solicitado por el Gobierno para votar la convalidación de ambos reales decretos-ley.
El trámite es relevante porque los reales decretos-ley son normas aprobadas por el Ejecutivo en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, pero sometidas al control del Congreso. La Cámara debe decidir si los convalida o los deroga dentro del plazo constitucional de 30 días desde su promulgación. También puede acordar su tramitación como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.
En términos prácticos, quedan tres asuntos por resolver:
– La mayoría parlamentaria. El Gobierno necesita sumar los votos suficientes para que cada decreto supere su votación. El entendimiento entre PSOE y Sumar no garantiza ese resultado.
– El texto final y su implementación. Conocer íntegramente los textos y sus disposiciones específicas es clave para determinar qué contratos quedarán amparados, qué excepciones habrá y cómo se aplicarán las nuevas reglas.
– Las reivindicaciones excluidas. La continuidad de los contratos, la protección frente a los desahucios y el alcance de las limitaciones a los grandes inversores seguirán en la mesa de negociación política y social.
Si el Congreso convalida los decretos, las medidas podrán seguir aplicándose en los términos previstos. Si alguno es rechazado, ese texto quedará derogado, aunque el otro podría continuar su recorrido parlamentario de forma independiente.
