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Transportistas dan ultimátum al Gobierno por el alza del diésel

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Antonio Gonzalez, Sebastián CatalánPeriodista. Editor nocturno en BioBioChile

Las mesas directivas de la CNDC y la CNTC sostuvieron una reunión con el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, en la que solicitaron con urgencia herramientas para enfrentar el alza inminente del diésel. El precio del combustible podría quedar a las puertas de los $1.500 por litro.

La relación entre los camioneros y el Gobierno se tensionó aún más tras un encuentro en Teatinos 120. Los gremios entregaron un petitorio y fijaron un plazo de 48 horas para obtener una respuesta concreta. El escrito incluye cuatro demandas.

En primer lugar, piden instaurar por ley un Fuel Surcharge, es decir, un esquema obligatorio que traslade de forma automática y simétrica las subidas y bajas del diésel a los contratos de transporte.

En segundo término, solicitan que el Ejecutivo ingrese ese proyecto al Congreso con máxima urgencia y convoque una mesa técnica con los gremios.

El tercer punto plantea restablecer formalmente la aplicación del MEPCO, utilizando al mismo tiempo la banda de precio de referencia y el umbral de variación para el diésel. Y el cuarto busca corregir lo que los camioneros consideran una distorsión tributaria cercana a los 100 pesos por litro para determinados transportistas.

De este modo, la Confederación Nacional de Dueños De Camiones de Chile y la Confederación del Transporte de Carga pidieron a la autoridad económica definiciones respecto de mecanismos que permitan trasladar los sobrecostos asociados a los nuevos precios.

Los presidentes Juan Araya y Sergio Pérez le señalaron al subsecretario Vallebona que las compañías del rubro, “cerca de 40 mil, no tienen márgenes para absorber alzas de precios”.

Camioneros aumentan la presión sobre el Gobierno por el alza del diésel

cadena de incrementos cada tres semanas. Ese panorama se daría si Estados Unidos detiene temporalmente las ventas externas de diésel, del cual Chile es uno de los principales compradores.

Datos del Banco Central indican que entre enero y agosto de 2026 las adquisiciones suman cerca de 3.900 millones de dólares.

En esencia, los gremios piden “crear un mecanismo único de traspaso de sobrecostos, no voluntario sino establecido por ley”. La iniciativa pretende que todo contrato o servicio de flete y transporte terrestre de carga en Chile tenga carácter obligatorio y vinculante en esa materia.

El presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, Sergio Pérez, advirtió que el mayor impacto recae en los transportistas más pequeños y afirmó que las bases determinarán los pasos a seguir según la respuesta del Ejecutivo.

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, señaló que el sector enfrenta una incertidumbre creciente por las alzas sucesivas y advirtió que serán las organizaciones de base las que definan si corresponde avanzar hacia una movilización nacional.

Compromiso con la autoridad de Hacienda

Pérez recalcó que la respuesta debe ser nítida en las próximas 48 horas. A su juicio, si el Gobierno ofrece una solución satisfactoria y empuja los cambios legales propuestos, no habrá movilización. De lo contrario, ambas confederaciones comunicarán a sus bases para que determinen los pasos a seguir.

La inquietud gremial también se enmarca en un contexto internacional complejo, ante la eventual restricción temporal de exportaciones de diésel por parte de Estados Unidos, lo que sumaría nuevas presiones a los costos del transporte en Chile.

De acuerdo con los gremios, la autoridad se comprometió a presentar y explicar a la brevedad sus propuestas al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.