Con un presunto fraude millonario al Estado como foco de la acusación, este lunes se dio inicio al juicio oral contra el llamado clan familiar “Los Quilodrán”, grupo al que la Fiscalía atribuye haber creado sociedades de fachada e inscrito a cientos de trabajadores ficticios para acceder a subsidios mediante licencias médicas falsas.
El Ministerio Público imputa a los miembros de la agrupación por emisión, obtención o tramitación de licencias falsas, fraude de subvenciones, lavado de activos y asociación ilícita. El perjuicio fiscal establecido en la investigación supera los $5.350 millones.
El fiscal de la Unidad Especializada de la Fiscalía Oriente, Álvaro Pérez, detalló el método que, según la acusación, habría permitido perpetrar el fraude y la asignación de funciones dentro de la estructura.
“Se incorporaron alrededor de 800 trabajadores ficticios en distintas sociedades; personas que no realizaban tareas propias del giro de las empresas. Con ello, dichos trabajadores percibían los subsidios por incapacidad laboral”, señaló.
La indagatoria se inició en febrero de 2023, luego de que la Superintendencia de Seguridad Social enviara a la Fiscalía informes de auditoría interna de la Caja de Compensación Los Héroes relativos a tres empresas.
Las verificaciones detectaron trabajadores con licencias médicas reiteradas, rentas imponibles altas y similares, además de un alto porcentaje de empleados con menos de seis meses de antigüedad que estaban con licencia.
Fiscalía sostiene que fondos regresaban a los cabecillas de la organización
Según el Ministerio Público, la estructura la lideraba un clan familiar chileno, que habría utilizado las sociedades para incorporar a los trabajadores falsos y, posteriormente, hacer retornar los recursos a los líderes de la agrupación.
La Fiscalía además acusa lavado de activos. La investigación estableció, según el ente persecutor, la trazabilidad de los dineros a través de productos financieros y la compra de bienes, incluyendo al menos siete propiedades.
Desde la perspectiva de las defensas, el defensor penal público Juan Pablo Gómez, representante de una de las acusadas, objetó la tesis del Ministerio Público. El abogado cuestionó que el perjuicio atribuido a los imputados abarque el déficit estructural del sistema de salud y sostuvo que solo deben responder por las conductas específicas que se les imputan.
“En síntesis, este menoscabo es estructural; corresponde más bien a un sistema donde coexisten salud privada y pública, y no puede, en definitiva, imputarse a los acusados”, postuló.
La Fiscalía solicita penas de hasta 20 años de cárcel para quien identifica como líder de la organización y superiores a 15 años para otros integrantes de la estructura.
