Por unanimidad, la Comisión Mixta del proyecto orientado a perfeccionar las expulsiones administrativas aprobó y remitió su informe, dando por finalizada su tarea. La propuesta integra las acciones del Plan de Reordenamiento Migratorio del Gobierno.
Si bien la instancia fue convocada para zanjar las discrepancias entre ambas cámaras respecto del tiempo de prohibición de ingreso al país, también permitió recoger las observaciones de la Corte Suprema y del Ministerio Público, con el fin de evitar que las expulsiones obstaculicen investigaciones penales en curso.
Esa inquietud marcó el inicio de la sesión de hoy. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró que el proyecto considerará una coordinación previa con la Fiscalía cuando existan investigaciones penales activas que pudieran verse afectadas por el procedimiento.
En específico, antes de ingresar a un inmueble, la Policía de Investigaciones (PDI) deberá consultar de forma reservada al Ministerio Público si hay antecedentes de una investigación penal que tenga prioridad.
La presidenta de la mixta, la senadora socialista Danisa Astudillo, valoró la disposición del Ejecutivo y de los parlamentarios para arribar a un acuerdo en esta materia.
“Que se adecúen a la normativa, resguardando y garantizando los derechos de las personas, pero también evitando que, por impulsar una expulsión, pudiéramos entorpecer una investigación de mayor alcance y, en consecuencia, hoy los servicios públicos van a coordinarse de mejor manera”, expresó la legisladora.
Entre los acuerdos, se fijó un mínimo de cinco años de prohibición de reingreso al país para las personas expulsadas, tal como lo había aprobado la Cámara de Diputadas y Diputados.
Asimismo, se determinó que los extranjeros en situación irregular que estén formalizados o acusados por delitos cuya pena no exceda los tres años podrán ser expulsados, quedando suspendido el proceso penal mientras permanezcan fuera del país.
Otro aspecto destacado por Pavez fue la nueva atribución que tendrá la PDI para ingresar a un domicilio, previa autorización de un juez de garantía, cuando exista una orden de expulsión firme. La medida tendrá como único propósito detener a la persona y concretar su salida del territorio nacional.
“Esta iniciativa confiere a la Policía de Investigaciones la facultad de, verificada una orden de expulsión plenamente afinada, ingresar a un domicilio exclusivamente para efectos de detener a alguien”, explicó el secretario de Estado.
Por su parte, el senador republicano Renzo Trisotti valoró el avance de la iniciativa, considerándolo un nuevo paso en seguridad.
“Confiamos en que este proyecto contribuya a que el Estado cuente con todas las herramientas para expulsar con rapidez y para que estas personas, por un lapso muy prolongado, no puedan volver a ingresar a nuestro país”, destacó.
Con el despacho unánime de la comisión mixta, el informe deberá ahora ser ratificado por las salas de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado para completar su tramitación legislativa.
