Tras el reciente giro que experimentó el proyecto minero-portuario Dominga, luego de que Andes Iron abandonara todos los recursos legales presentados contra el último rechazo de la iniciativa, la ONG Greenpeace afirmó que “el rechazo debe respetarse” y llamó al Ejecutivo a “no caer en presiones”.
Recordemos que la empresa acudió a la Corte Suprema para desistir de los recursos de casación y de queja que había interpuesto, por lo que el proyecto retrocedió en su tramitación judicial a enero de 2025.
Por lo anterior, y mediante una declaración escrita firmada por la abogada de Greenpeace, Roxana Núñez, la organización señaló que la decisión de Andes Iron ante el máximo tribunal es un reconocimiento explícito de que “Dominga está rechazada”.
Desde la ONG añadieron que esta decisión obedece a que las opciones de revertir en tribunales el rechazo se habían ido estrechando cada vez más.
“Tras 13 años de tramitación, la compañía abandona la vía judicial y mantiene en vigor la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que ratificó el rechazo del Comité de Ministros”, sostuvo Núñez.
Greenpeace subrayó que este cambio ocurre en paralelo a la investigación penal promovida por la propia organización, destinada a esclarecer presuntas conductas de corrupción e irregularidades vinculadas a la tramitación del proyecto.
“Esta querella indaga eventuales delitos de cohecho agravado y revelación de secretos, a partir de los más de $255 millones que Andes Iron pagó al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber, dos de cuyos socios están imputados en el caso Muñeca Bielorrusa”, recordó la abogada.
“Consideramos indispensable que esa indagatoria avance, se aclare el verdadero propósito de esos pagos y se determinen todas las responsabilidades que correspondan”, agregó.
“El Ejecutivo debe evitar ceder a presiones”
En esa línea, la ONG advirtió que este movimiento —a su juicio— sería un intento de imponer administrativamente un proyecto cuya tramitación ha estado rodeada por dudas ligadas a cuestionamientos ambientales y de probidad, presentes por más de una década.
Finalmente, remarcó que “el rechazo de Dominga debe respetarse”, e instó al Ejecutivo a actuar con responsabilidad frente a este asunto.
“El Ejecutivo tiene la responsabilidad de no caer en presiones, garantizar la transparencia y el respeto a las decisiones institucionales, y de proteger un ecosistema de extraordinario valor como el archipiélago de Humboldt”, concluye el escrito.
