Este lunes 28 de septiembre los recursos de Dominga quedaron sin efecto en la Corte Suprema, por lo que el proyecto se mantiene rechazado. Según los antecedentes, Andes Iron ingresó un escrito formal ante el máximo tribunal para retirarse de todos los recursos judiciales presentados contra la más reciente negativa al proyecto minero-portuario Dominga. Por tanto, en términos judiciales se vuelve al 7 de enero de 2025.
Con esta gestión, culmina la cadena de impugnaciones iniciada por la compañía después de que, en febrero de 2026, la Corte de Apelaciones de Antofagasta ratificara la negativa dictada por el Comité de Ministros en 2025, durante la administración de Gabriel Boric.
Ante esa resolución, Andes Iron recurrió a la Corte Suprema y pidió paralizar los efectos del fallo. No obstante, antes de que el máximo tribunal se pronunciara, la firma optó por desistir.
La causa ya estaba en acuerdo en la Suprema; los ministros habían revisado los antecedentes previo a la publicación del veredicto. Con el desistimiento, no habrá pronunciamiento y se mantiene lo decidido por la Corte de Antofagasta sobre el rechazo ambiental de Dominga.
Consecuencias del desistimiento de Dominga
“El alcance de este paso de la empresa es que no se emitirá sentencia y, por ende, se vuelve a lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Antofagasta”, explicó Antonia Berríos, abogada representante de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros.
La controversia no necesariamente concluye ahí. El Servicio de Evaluación Ambiental admitió hace poco a trámite una solicitud de invalidación vinculada al rechazo del proyecto.
Esa admisión habilita un nuevo debate por la vía administrativa. Con ello, sostienen algunos, podría eventualmente ser revisado por el Comité de Ministros, pero ahora de la administración de José Antonio Kast.
La misma compañía había pedido suspender provisionalmente los efectos de lo resuelto por la Corte de Antofagasta con el fin de avanzar en la ejecución de su proyecto.
Inicio de las obras del proyecto Dominga
En las últimas semanas, Andes Iron anunció el inicio de obras y desató una fuerte controversia en el ámbito social, político y científico. La empresa no contaba con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) vigente y definitiva.
Comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil calificaron ese movimiento como una presión indebida. La controversia aumentó cuando salieron a la luz informes de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).
Los reportes verificaron talas no autorizadas y la remoción de vegetación nativa protegida en el área de influencia del proyecto. Estos hallazgos fueron considerados graves, pues se efectuaron sin los permisos pertinentes y mientras el caso seguía judicializado.
“Esto demuestra que las maniobras de Dominga para hacernos creer que el proyecto estaba aprobado no fueron más que una puesta en escena comunicacional, un intento de debilitarnos e infundir miedo, pero no lo lograrán”, afirmó Gabriel Molina, pescador de la comuna de La Higuera.
Arista política
Desde la perspectiva jurídica, ya no quedan recursos disponibles para revertir lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. El proyecto permanece rechazado.
En días recientes, el Servicio de Evaluación Ambiental dio curso a solicitudes para invalidar el rechazo impuesto al proyecto Dominga. Esa alternativa podría explicar que la compañía busque en la administración del presidente Kast una salida de carácter político.
“Dominga es una iniciativa cuya evaluación ambiental ha concluido con rechazo en tres oportunidades; además, es un proyecto profundamente cuestionado en el plano ético”, afirmó Nancy Duman, vocera de la Alianza Humboldt Atacama-Coquimbo.
“La pregunta para el gobierno es si se considera válido pasar por encima de la ética y del poder judicial con tal de impulsar un proyecto rechazado y que una parte importante de la comunidad local no respalda”, cerró Carolina Bahamones, vocera de MODEMA y habitante de la localidad de Los Choros.
