Tras presentar los antecedentes que sustentan la formalización de las tres aristas del caso “Operación Vía Crucis”, que indaga delitos de corrupción asociados a procedimientos irregulares de compra de insumos en Gendarmería, el Ejército y el Servicio de Reinserción Social Juvenil (ex Sename), la Fiscalía de Atacama solicitó prisión preventiva para los funcionarios públicos investigados en la causa.
Durante la audiencia, el ente persecutor abordó los presuntos actos irregulares detectados en las aristas del ex Sename y del Ejército, en particular en el Regimiento Logístico N°2 “Arsenales de Guerra”.
La exposición de ambas líneas de investigación evidenció que el modus operandi se asemejaba al de la arista “Gendarmería”, indagada en Atacama, vinculada a la adquisición de insumos por parte de las instituciones mediante la actuación ilegal de funcionarios públicos imputados.
Según la Fiscalía, estos se coordinaban con particulares a cargo de las comercializadoras Santa María y FyF SpA.
Al respecto, el fiscal Luis Miranda Flores señaló que “en esta cuarta jornada concluyó la audiencia de formalización, pudiendo exponer que se trata de una investigación que surge a partir de una denuncia reservada presentada por Gendarmería, la cual dio cuenta de mecanismos fraudulentos de adjudicación de insumos relacionados con procesos de compra de alimentación para el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó”.
Fiscalía identifica cinco mecanismos irregulares por cada arista
Respecto de los hechos investigados, el persecutor indicó que la Fiscalía, junto con la labor operativa de la Bridec y Brilac de la PDI, logró acreditar cinco mecanismos en cada una de las aristas examinadas, lo que derivó en la comunicación de cargos por los delitos de fraude al fisco, cohecho, asociación ilícita y lavado de activos.
“Bajo cada uno de estos conceptos se constató que, por la infracción a sus deberes, diversos funcionarios públicos obtuvieron ganancias económicas indebidas, materializadas en transferencias efectuadas por los imputados dueños de las empresas involucradas. Nos referimos a los cuatro funcionarios de Gendarmería que trabajaban en Copiapó, a una funcionaria del Sename destinada al CIP-CRC de San Bernardo y a un funcionario del Ejército. Asimismo, en esta causa se solicitó el levantamiento extendido del secreto bancario para recabar más antecedentes de los movimientos realizados”, dijo Miranda.
Sobre las ventajas que recibieron los imputados que se coordinaron con los representantes de las mencionadas empresas, el fiscal Miranda indicó que la investigación acreditó transferencias bancarias que fluctuaban entre los $200.000 y los $2.500.000, montos que luego eran redistribuidos entre los imputados. Agregó que también hubo entrega de mercadería.
Miranda señaló que la investigación, en cada una de sus aristas, determinó un detrimento fiscal cercano a los $1.111 millones.
Consejo de Defensa del Estado se incorpora a la causa
Este lunes se incorporó a la audiencia el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que interpuso una querella a partir de los antecedentes conocidos.
En esa línea, la abogada Marsella Rojas señaló que el organismo se hizo parte en la causa respecto de los funcionarios públicos implicados y los particulares.
“La querella es consistente con los hechos formalizados frente a la investigación del Ministerio Público y que busca perseguir la responsabilidad de los funcionarios, participando desde este momento en cada una de las actuaciones que se desarrollen en esta causa y ante una eventual audiencia de Juicio Oral”, indicó.
Fiscalía solicita prisión preventiva para funcionarios
Luego de la presentación de los medios de prueba que respaldaron la extensa formalización de cargos, la tarde de este lunes la Fiscalía fundamentó la petición de prisión preventiva para todos los funcionarios públicos investigados.
La discusión proseguirá este martes con la exposición de las respectivas defensas.
En tanto, para los particulares investigados, a quienes se les atribuye un tipo penal diferente, se pidió el arresto domiciliario total, además del arraigo nacional.
