Miembros de la Coordinadora Feminista 8M (CF8M) llamaron este lunes a un “pañuelazo” en los alrededores del Metro Baquedano, en la Región Metropolitana, con motivo del Día de Acción Global por el Aborto Legal. En este contexto, organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos solicitaron al Congreso resguardar en el Presupuesto 2027 los recursos destinados a implementar la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres causales específicas.
“Para que el aborto sea legal y seguro, y la maternidad una elección libre, se requieren hospitales operativos, una atención primaria con capacidad de respuesta, abastecimiento garantizado y equipos de salud disponibles”, indica la carta entregada por 35 colectividades a diputadas, diputados y senadores.
Con el inicio del debate de la Ley de Presupuestos 2027 en el Congreso, que el Ejecutivo puede ingresar hasta este miércoles, las organizaciones solicitaron blindar el financiamiento de la atención primaria y de los hospitales públicos; además de asegurar el acceso a anticonceptivos, medicamentos e insumos necesarios para la interrupción del embarazo.
Respaldo al aborto en tres causales
La vocera de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Siomara Molina, enfatizó que “la ley de tres causales cuenta con más del 70% de apoyo en Chile; el desafío ahora es asegurar que se implemente de forma efectiva para todas las personas, sin importar el lugar donde residan ni el establecimiento de salud en que se atiendan”.
En Chile, desde 2017 el aborto es legal cuando se cumple alguna de estas condiciones: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal o violación.
Las organizaciones señalaron que la inquietud surge tras el ajuste presupuestario aplicado en 2026 al Ministerio de Salud y su impacto en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), el seguro público que financia y entrega cobertura médica a la mayor parte de la población.
La ministra de Salud, May Chomalí, informó a inicios de septiembre ante el Congreso que, luego de la disminución de 2,5% del presupuesto, su cartera requerirá alrededor de 3.200 billones de pesos adicionales (3.319 millones de dólares al cambio actual) para cubrir el gasto proyectado del año.
“El aborto es un tema de salud pública y es responsabilidad del Estado garantizar una atención segura, oportuna, digna y libre de estigmas”, sostuvo la directora nacional y secretaria de Mujer y Diversidad de la Confederación de Profesionales Universitarios de la Salud (Confedeprus).
“Como trabajadoras y trabajadores de la salud pública, seguiremos empujando avances en derechos. El aborto legal y seguro es salud pública”, añadió.
La carta fue remitida por las organizaciones en el marco del Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, fecha que también motivó la convocatoria de diecisiete manifestaciones en diez regiones diferentes del país.
Registro:
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