El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, celebró el progreso del proyecto que busca acelerar las expulsiones administrativas de extranjeros y remarcó que la iniciativa permitirá aplicar esta medida a quienes generen graves alteraciones del orden público.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad este lunes por la Comisión Mixta encargada de zanjar las diferencias entre ambas cámaras y ahora deberá ser ratificada por las salas de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado.
Entre los ajustes más relevantes, el proyecto otorga nuevas atribuciones a la Policía de Investigaciones (PDI) para ejecutar órdenes de expulsión. Los funcionarios podrán ingresar a un domicilio para detener a una persona con una orden de expulsión firme, siempre que cuenten previamente con la autorización de un juez de garantía.
Sauerbaum afirmó que estas herramientas permitirán acelerar la salida del país de personas extranjeras en condición irregular y enfatizó su aplicación a quienes estén involucrados en delitos de menor entidad o en graves desórdenes del orden público.
Según indicó la autoridad, esto podría incluir a personas que realicen conductas como “levantar barricadas o lanzar bombas molotov en alguna marcha o protesta”.
Proyecto extiende la prohibición de reingreso
Otro de los cambios acordados por la Comisión Mixta eleva de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de entrada a Chile para quienes sean expulsados.
La iniciativa también prevé que extranjeros en situación irregular que estén formalizados o acusados por delitos cuya sanción no exceda los tres años puedan ser expulsados del territorio nacional, conforme a las condiciones establecidas en el proyecto.
En esos supuestos, el proceso penal quedará suspendido mientras la persona permanezca fuera del país y podrá retomarse si se incumple la prohibición de ingreso.
En materia de delitos asociados a drogas, la expulsión como pena sustitutiva se limitará a una primera condena por microtráfico.
El proyecto además incorpora mecanismos para facilitar una nueva expulsión cuando alguien previamente expulsado reingrese ilegalmente al territorio nacional.
A lo anterior se suma la reducción del plazo para recurrir judicialmente contra una orden de expulsión, que bajará de diez a cinco días. Asimismo, la presentación del recurso no suspenderá automáticamente la ejecución de la medida.
Migraciones pedirá más recursos para expulsiones en 2027
Junto con destacar el avance legislativo, Sauerbaum adelantó que el Servicio Nacional de Migraciones buscará un aumento significativo de los recursos destinados a materializar expulsiones durante el próximo año.
Según indicó, en el proyecto de Presupuesto 2027 que ingresará al Congreso se solicitará incrementar los fondos para este fin desde los actuales $4 mil millones hasta $11 mil millones.
“Estamos solicitando aumentar los recursos destinados a expulsiones de 4 mil a 11 mil millones de pesos”, sostuvo Sauerbaum.
“Este aumento es clave para sostener una migración regular, ordenada y segura, tal como piden los chilenos”, añadió.
El acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta también incorporó observaciones de la Corte Suprema y del Ministerio Público, especialmente para evitar que la ejecución de una expulsión administrativa interfiera con investigaciones penales en desarrollo.
Tras el despacho del informe, el proyecto deberá ser sometido a votación en ambas cámaras antes de concluir su tramitación en el Congreso.
