Este martes, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó de manera provisional al Gobierno del presidente Donald Trump a reactivar su programa de deportaciones de migrantes a terceros países con los que no mantienen relación alguna.
Según informó este día CNN, el máximo tribunal indicó que en diciembre escuchará los argumentos sobre el fondo del caso.
La corte accedió a la petición de emergencia del Gobierno para frenar un fallo de una corte de apelaciones, con los tres jueces liberales en desacuerdo con la decisión.
Esa resolución sostenía que las deportaciones a países terceros eran ilegales porque a los inmigrantes afectados no se les brindaba la oportunidad de exponer que corrían peligro si eran expulsados, vulnerando así la ley federal de inmigración.
En varias ocasiones, el Gobierno de Trump enfrentó dificultades para deportar a migrantes debido a que sus países de origen no los recibían. Por ello, en 2025 comenzó a aplicar esta política, trasladándolos a terceros países, incluso si la persona no tenía ningún vínculo con el lugar de destino.
No obstante, la medida ha recibido duras críticas de organizaciones de derechos humanos.
En abril, por ejemplo, 15 latinoamericanos fueron deportados a la República Democrática del Congo (RDC). “Estas expulsiones constituyen violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional de los refugiados”, comentó en aquella oportunidad Cécile Blouin, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la Deutsche Welle.
“Se enmarcan en acuerdos de readmisión o transferencia con terceros países, acuerdos opacos y a veces firmados en secreto que desconocen los mínimos estándares”, añadió.
Es la tercera ocasión en que el alto tribunal permite a la Administración del republicano aplicar esta medida de forma temporal.
Este pronunciamiento del Supremo deja en suspenso las decisiones de tribunales inferiores que exigían informar a los migrantes a qué país serían enviados y darles la oportunidad de impugnar su traslado antes de la expulsión, una política que el Gobierno de Trump defiende como necesaria para deportar a personas con antecedentes penales.
