Un tribunal resolvió a favor de una adulta mayor de 82 años que ha vivido por cuatro décadas en una vivienda fiscal de Chillán, y, mediante un recurso de protección interpuesto por ella, logró detener una resolución que ordenaba la restitución del inmueble.
El origen se remonta a abril de 1986, cuando la exfuncionaria del servicio público (auxiliar de Insuco) fue autorizada por el Ministerio de Educación para ocupar el inmueble en forma gratuita, sin que se estableciera una fecha de término para dicha autorización.
En ese marco, la Delegación Presidencial de Ñuble y el Ministerio de Bienes Nacionales dictaron, el 2 de julio de este año, una resolución que disponía la restitución administrativa de la propiedad.
Finalmente, la Corte de Apelaciones de Chillán acogió el recurso presentado por la adulta mayor, dejando sin efecto lo ordenado por las autoridades.
El fallo
En un pronunciamiento unánime, la Primera Sala del tribunal señaló que la Delegación Presidencial sí está facultada para solicitar la restitución de inmuebles fiscales ocupados ilegalmente e incluso requerir el auxilio de la fuerza pública. No obstante, concluyó que ello no corresponde en este caso.
Asimismo, la Corte consideró vulnerada la “garantía del artículo 19, N.º3, inciso 5.º de la Constitución, que establece que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley”.
“Debe tenerse presente que la recurrente efectivamente contaba con autorización para habitar el inmueble, de acuerdo con la Resolución Exenta 468 de 1986 emanada del Ministerio de Educación, a la que se alude en su calidad de auxiliar del Liceo Comercial A-10 de la comuna de Chillán, sin que se haya fijado una fecha de término para esa ocupación”, señala el fallo unánime.
De este modo, la Corte de Apelaciones de Chillán dejó sin efecto la resolución del 2 de julio que ordenaba la restitución administrativa del inmueble que la mujer ocupa desde hace cuarenta años.
