El destino de Dominga vuelve a estar en debate. Luego de retirar los recursos que tramitaba ante la Corte Suprema, Andes Iron clausuró una de las rutas con las que intentaba destrabar el proyecto minero-portuario y ahora enfocará sus gestiones en una alternativa distinta.
Con el desistimiento, se mantiene firme la negativa del Comité de Ministros dictada en enero de 2025. No obstante, la compañía aún dispone de una vía administrativa para tratar de reactivar la iniciativa.
Dominga proyecta la extracción de hierro y cobre, además de un terminal portuario en La Higuera, Coquimbo. Su tramitación se ha prolongado por más de una década, jalonada por disputas administrativas y judiciales.
En 2025, el Comité de Ministros desestimó la iniciativa, decisión que quedó firme tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Andes Iron acudió entonces a la Suprema, instancia que ahora decidió dejar atrás.
El biministro Daniel Mas afirmó que el Gobierno ha seguido el caso de cerca y subrayó el interés del Ejecutivo en que las inversiones mineras —que cumplan con las exigencias ambientales— puedan progresar.
“Lo estamos monitoreando de cerca. Más allá de este proyecto, nos interesa la inversión minera y facilitaremos que toda la inversión minera que cumpla los estándares ambientales que como país nos hemos fijado pueda concretarse en tiempo y forma”, afirmó.
No obstante, bajar estos recursos no implica necesariamente el cierre definitivo de Dominga, pues la compañía podría inclinarse por la senda administrativa.
El Servicio de Evaluación Ambiental admitió a trámite solicitudes que buscan invalidar la resolución con la que el Comité de Ministros rechazó Dominga en enero de 2025.
El experto ambiental y académico de la Escuela de Ingeniería IACC, Víctor Sanhueza, planteó que, si se invalida el rechazo, Dominga retomará su tramitación y, frente a una eventual impugnación, regresaría a la órbita del Ejecutivo, esta vez bajo otra administración.
“Porque si la invalidación avanza, el expediente retrocederá y el debate político y técnico volverá a manos de las autoridades ministeriales”, dijo.
Organizaciones ambientales celebraron el retiro del recurso ante la Suprema. Sin embargo, la abogada de Greenpeace Roxana Núñez advirtió que, si se habilita un cauce administrativo, será el Gobierno quien determine la continuidad del proyecto.
“Es previsible que ahora la presión se desplace hacia el Ejecutivo. Quien deberá decidir si vuelve a abrir la puerta a este proyecto que ha estado permanentemente cuestionado, en particular por temas de corrupción”, alertó.
Aunque Dominga sigue, por ahora, rechazado, la discusión sobre su futuro permanece abierta. La atención se centrará en la tramitación de las solicitudes de invalidación y en las implicancias que podría acarrear este nuevo derrotero administrativo.
