Los senadores Arturo Squella, Andrés Longton y Pedro Araya afinan los últimos detalles de una reforma alternativa en materia de seguridad que presentarán en el Congreso. El proyecto incorporará el concepto de “amenaza grave” como causal para declarar un Estado de Excepción Constitucional y remitirá a una ley la definición de las bandas criminales y de los regímenes especiales de seguridad penitenciaria.
No obstante, alcanzar un acuerdo amplio no se vislumbra fácil. El Gobierno ha mantenido la incertidumbre sobre la decisión final de retirar su propia reforma, mientras el Partido Socialista marcó distancia de un eventual entendimiento y expresó su “profunda molestia” ante versiones que aluden a un acercamiento con La Moneda.
Lo que sí está resuelto es que existirá una iniciativa alternativa. Squella, Longton y Araya trabajan de manera conjunta en un texto que podría quedar listo en el transcurso de esta jornada o, a más tardar, el próximo lunes.
Por ahora, la propuesta carece del respaldo explícito del resto de los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado, aunque todavía falta la discusión de fondo y las conversaciones para intentar ampliar sus apoyos.
De acuerdo con una minuta explicativa del borrador en preparación, uno de los cambios centrales busca equiparar el crimen organizado con el terrorismo como conductas contrarias a los derechos humanos.
Además, la reforma remitirá a una ley la regulación de la conformación y la determinación judicial de la existencia de bandas criminales, junto con la confección de nóminas de estas organizaciones. También quedarán sometidos a regulación legal los regímenes especiales de seguridad penitenciaria.
Otro de los ejes se centra en los Estados de Excepción Constitucional. La propuesta permitirá declarar un Estado de Emergencia ante una “amenaza grave”, con el fin de que el Estado pueda actuar antes de que una alteración grave del orden público o sus efectos se hayan materializado.
El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, afirmó que se trata de un proyecto autónomo y explicó que la meta es construir una propuesta capaz de convocar el respaldo de la Comisión de Constitución.
“Ya derechamente estamos hablando de un proyecto autónomo, distinto del del Gobierno, en donde se nos sumaría el senador Araya. Una vez ingresado, se fusionaría con una reforma constitucional presentada por la senadora Vodanovic, en donde ya podríamos trabajar”, apuntó.
El PS se desmarca
La búsqueda de un acuerdo transversal, sin embargo, comenzó a enfrentar sus primeras trabas. Pese a los gestos hacia la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, para incorporar parte de sus propuestas al texto, la parlamentaria se distanció de un entendimiento global.
Vodanovic señaló que no es necesario cerrar un pacto en torno a la llamada reforma “Longton-Squella” y recalcó que el Gobierno ya posee herramientas constitucionales para decretar Estados de Excepción.
“De la llamada reforma Longton-Squella, quiero decirles que no es necesario tener ningún tipo de acuerdo para los parlamentarios en estas materias. Cada uno es libre de presentar los proyectos. El Gobierno tiene todas las herramientas hoy para poder decretar un estado de excepción constitucional. Este es un problema de voluntad política”, sentenció.
Pedro Araya, por su parte, señaló que la idea es que el proyecto pueda ser suscrito por todos los integrantes de la Comisión de Constitución. El senador PPD aclaró que el retiro de la reforma impulsada por La Moneda no es una condición para avanzar, aunque reconoció que sería una señal de “buena voluntad” del Ejecutivo.
“La idea es que, si tenemos un acuerdo, este sea un proyecto que sea firmado transversalmente. Si eso no se logra, lo firmarán los que adhieran. No es condicionante, pero entendemos que un gesto de buena voluntad del Gobierno implica retirar un proyecto que es muy malo técnicamente y que no tiene respaldo ni siquiera en el propio oficialismo”, concluyó.
Gobierno deja en suspenso el retiro
Mientras Squella, Longton y Araya avanzan en el borrador, el Gobierno aún no define de manera concluyente qué hará con su cuestionada reforma de seguridad.
La incertidumbre persiste desde el lunes, cuando fueron los propios senadores oficialistas —tras ser informados por el Ejecutivo— quienes comunicaron que La Moneda retiraría la iniciativa. Desde entonces, el Gobierno ha evitado confirmar de manera definitiva esa decisión y ahora aguarda conocer el contenido final de la propuesta parlamentaria.
Al interior del Ejecutivo, además, coexisten distintas miradas. Fuentes de la Segpres y de Interior señalan que se está sopesando el costo político de retirar formalmente el proyecto y que existe otra alternativa sobre la mesa: simplemente no continuar con su tramitación y dejar que avance la reforma impulsada desde el Senado.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, admitió que el retiro sigue siendo una opción, pero supeditó esa decisión al contenido que finalmente alcance la propuesta de los senadores.
“Eso es posible que ocurra en la medida en que tengamos una buena propuesta por parte de los senadores. Han llegado algunos textos y un mecanismo para avanzar en lo que hemos propuesto de una buena segmentación penitenciaria por parte de Gendarmería, quizás alguna modificación del Estado de Excepción de Emergencia”, indicó.
Socialistas descartan acuerdo con La Moneda por la reforma de seguridad
La controversia escaló luego de que la bancada de senadores del Partido Socialista emitiera una declaración pública para rechazar “categóricamente” las versiones que apuntaban a eventuales acuerdos entre parlamentarios de la colectividad y el Ejecutivo en materias de seguridad y migración.
El senador Juan Luis Castro descartó, además, que exista una negociación que contemple solicitar el retiro de la reforma de seguridad del Gobierno a cambio de entregar votos socialistas para respaldar la insistencia de la reforma migratoria.
“El Socialismo Democrático no ha concurrido a acuerdo alguno respecto de transar la caída de la reforma de seguridad a cambio de dar votos para resucitar la reforma por expulsión administrativa migrante. Lo natural es que el Gobierno la saque como ya está a punto de hacerlo, forzado por los hechos”, concluyó.
Ese último proyecto añade otro ingrediente a las negociaciones en el Senado. Tras su rechazo en la Cámara de Diputadas y Diputados, el Ejecutivo busca insistir con la iniciativa en la Cámara Alta, donde el quórum requerido se convirtió en un punto de debate.
Aunque la Constitución establece que la insistencia de un proyecto rechazado por la cámara de origen requiere dos tercios, un criterio derivado de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional abrió la discusión sobre su aplicación tras las modificaciones a los quórums de reforma constitucional.
Con esa interpretación, y considerando que actualmente las reformas constitucionales requieren cuatro séptimos, la mesa del Senado decidió aplicar ese criterio mientras espera un informe de la Comisión de Constitución.
Así, conforme al criterio adoptado hasta ahora, la insistencia demandaría 29 votos y no 33, una cifra que podría ser determinante en las negociaciones que desplegará el Gobierno durante los próximos días.
