Planificado con máximo sigilo, un equipo de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI ejecutó durante la madrugada múltiples allanamientos y arrestos vinculados a una nueva línea de la llamada Operación Apocalipsis, la misma que el 16 de diciembre pasado derivó en la formalización de más de 40 gendarmes. Se trata de una pesquisa de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente dirigida a desbaratar redes de corrupción que operan dentro de los recintos penitenciarios.
Ocho meses después de ese operativo, la PDI detuvo a tres nuevas personas, entre ellas Álex Antonio Vega Torres, histórico dirigente de la ya disuelta Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) y exresponsable de la agrupación modular 19-20 de la Guardia Interna del Centro de Detención Preventiva Santiago 1.
De acuerdo con fuentes de Bío Bío conocedoras del caso, el operativo contempló el ingreso y registro de 14 domicilios: siete en la Región Metropolitana, cuatro en la región del Maule, dos en la región del Bío Bío y uno en Magallanes. Todos tendrían relación con los imputados, entre ellos la pareja de Vega Torres, quien también mantendría vínculos con el grupo.
Además, se ordenó inspeccionar casilleros en Santiago 1; el recientemente inaugurado Complejo Penitenciario La Laguna de Talca; el Complejo Penitenciario Bío Bío; y el IP-CRC de Punta Arenas.
La causa deriva del Foco Penitenciario Metropolitano de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, encabezada por Marcos Pastene. El objetivo es desarticular una estructura que, presuntamente, facilitó el ingreso y la circulación de drogas, teléfonos celulares y otros elementos prohibidos o regulados al interior de los penales, a cambio de pagos efectuados por internos, exinternos, visitas y terceros.
En este capítulo, a Vega se le indaga por cohecho agravado reiterado y lavado de activos. De hecho, según se confirmó de madrugada, se solicitó al Tribunal de Garantía la imposición de cautelares sobre un vehículo, una vivienda y el congelamiento de once cuentas corrientes a nombre de los aprehendidos.
La mafia del verde oscuro
Según los antecedentes recopilados por la Fiscalía, entre enero de 2020 y diciembre de 2025 Vega Torres habría percibido pagos de forma sistemática de internos, exinternos, visitas e incluso de funcionarios de Gendarmería.
La tesis de los investigadores sostiene que esos dineros corresponderían a cobros por permitir el ingreso de especies controladas o derechamente ilícitas a Santiago 1, establecimiento donde el dirigente se desempeñó en la Guardia Interna y tenía un papel relevante en el módulo 19-20.
El análisis bancario, por su parte, identificó abonos por cerca de $248 millones en diversas cuentas asociadas a Vega Torres durante el periodo examinado. De ese monto, alrededor de $131.443.871 no tendrían justificación aparente, de acuerdo con los registros financieros incorporados a la causa.
El Ministerio Público además advirtió el posible uso de cuentas de terceros para recibir transferencias de internos, exinternos y visitas. Parte de esos fondos habría sido luego introducida al sistema financiero mediante depósitos en efectivo reiterados, fraccionamiento de montos, movimientos entre cuentas y cancelación de créditos.
La pesquisa considera asimismo la compra de bienes, entre ellos un inmueble en Cerrillos y un vehículo a nombre de Grace Valeska Bascur Villarroel, cónyuge de Vega Torres, contra quien también pesa una orden de detención. Para los persecutores, esas transacciones podrían ser clave para establecer si hubo maniobras orientadas a ocultar o disfrazar el origen de los fondos.
Se espera que, una vez concluidas las diligencias, durante la jornada se confirme la hora de la formalización de los detenidos.
El procedimiento resulta especialmente sensible, ya que Vega Torres lleva años en la mira de investigaciones por eventuales hechos de corrupción dentro de Santiago 1. De acuerdo con los antecedentes de la causa, se le asignaría participación en diversas conductas ocurridas en ese penal.
De hecho, en esta misma investigación se reunieron antecedentes —que podrían exponerse en las audiencias— de que Álex Vega, junto a un grupo de personas de su confianza, habría sustraído las urnas de una elección de la asociación con el presunto propósito de alterar su orden democrático. En otras palabras, habrían modificado votos para lograr la reelección de su lista y así mantener la conducción de la ANFUP.
La muerte de Rodolfo Muñoz y la reapertura de la causa
La aprehensión de Vega Torres ocurre, además, en un contexto particularmente complejo para el exdirigente de Anfup. La pesquisa incorporó antecedentes sobre la muerte del interno Rodolfo Muñoz Morales, registrada en enero de 2018 al interior de Santiago 1.
De acuerdo con la imputación, el 18 de enero de ese año Vega y el entonces funcionario de Gendarmería Juan Farías Pumero intervinieron en la reducción de Muñoz Morales, quien estaba bajo su custodia, para trasladarlo al módulo 19.
En ese procedimiento, Vega habría hecho que el interno impactara su cabeza contra un pilar. Farías habría presenciado la agresión y, según la Fiscalía, no intervino para evitarla pese a estar en condiciones de hacerlo y tener el deber funcional de resguardar al recluido.
Muñoz falleció dos días después, el 20 de enero de 2018, debido a un traumatismo encéfalo craneano de carácter fatal. El hecho fue inicialmente un escándalo interno, como informó Radio Bío Bío, pero con el correr de las semanas se fue diluyendo.
Farías actualmente ejerce como alcaide del IP-CRC de Punta Arenas, uno de los recintos donde este día se inspeccionaron casilleros de funcionarios, según fuentes al tanto del operativo.
La causa por la muerte de Muñoz había sido cerrada sin formalizados. No obstante, en abril pasado el 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió una petición de la Fiscalía Occidente y reabrió la investigación que en su momento tramitó la Fiscalía Centro Norte, tras la aparición de nuevos antecedentes en el contexto de la Operación Apocalipsis.
El perfil de un dirigente bajo escrutinio
Vega Torres ha sido por años una figura reconocida dentro de Gendarmería. Su rol como dirigente nacional de Anfup le dio visibilidad y ascendiente interno, especialmente en Santiago 1, uno de los recintos penitenciarios más complejos de la Región Metropolitana, del que incluso se habría jactado de tener, junto a su mesa, el liderazgo y control.
Su nombre ya había aparecido en la audiencia de formalización de decenas de funcionarios detenidos en diciembre pasado en el marco de la Operación Apocalipsis. En esa instancia, la Fiscalía presentó antecedentes de movimientos de dinero que incluían depósitos que habrían sido realizados por Vega.
Según la información difundida entonces por Bío Bío, el funcionario acumulaba al menos 11 procesos sumariales a lo largo de su carrera en Gendarmería. Uno de los más notorios ocurrió en agosto de 2022, cuando fue sorprendido junto a otros 10 funcionarios en un asado no autorizado en una dependencia anexa a Santiago 1.
En el sitio se consumió alcohol y se hallaron envoltorios con restos de ketamina. La investigación administrativa propuso la destitución de los involucrados, pero la Contraloría objetó luego esa medida al concluir que no se ajustaba al mérito del proceso.
Vega además registra una condena de 2008 por apremios ilegítimos contra un interno de Colina II. En ese expediente fue sentenciado a 541 días de reclusión y a la suspensión de cargos u oficios públicos por igual período. La pena fue reemplazada por un régimen alternativo.
