El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil puso en marcha una profunda reordenación en el Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado de Coronel, uno de los recintos más complejos del sistema juvenil y que en los últimos años ha sido señalado por episodios graves de violencia.
Según antecedentes recabados por Radio Bío Bío, fue el propio ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien evaluó la situación y el Servicio decidió terminar de forma anticipada la contrata de cinco integrantes del equipo directivo del centro.
La medida afecta a quienes ejercían la Dirección del Centro, la Jefatura Técnica, la Jefatura Administrativa, la Coordinación de la Unidad de Salud y la Coordinación de Oferta.
La determinación se adoptó tras diversas revisiones sobre cómo opera el recinto.
Supervisiones técnicas realizadas entre fines de 2025 y 2026, junto con una auditoría y el trabajo de una comisión interinstitucional, detectaron una serie de deficiencias en áreas consideradas críticas para un establecimiento que alberga a adolescentes privados de libertad.
Fuentes de La Radio indican que los antecedentes recopilados llevaron al Servicio a concluir que había problemas en la gestión regular y sostenida de las funciones atribuidas a varias jefaturas, lo que impactó en el funcionamiento del centro y en la garantía del principio del interés superior de los adolescentes.
Uno de los centros más complejos del país
La decisión no surge de forma aislada. Coronel arrastra una crisis que en los últimos meses ha llevado al Ministerio de Justicia, a Gendarmería y al propio Servicio de Reinserción Social Juvenil a intervenir de manera creciente en el funcionamiento del recinto.
En junio, trabajadores del Servicio calificaron al CIP de Coronel como “el más violento de Chile”, sosteniendo que las cifras internas lo situaban como el recinto con mayor incautación de armas hechizas a nivel nacional, y advirtieron que las agresiones entre internos y hacia el personal eran frecuentes.
Los sucesos sucedidos después terminaron por agravar esas alarmas.
El 11 de junio, tres jóvenes privados de libertad resultaron heridos en peleas con armas blancas improvisadas. Apenas días después, el 17 de junio, un grupo de internos agredió a un educador lanzándole pintura y, según relató el propio funcionario, también orina.
El episodio más grave se produjo a comienzos de septiembre, cuando un tutor del recinto fue retenido y agredido por jóvenes internados en Coronel. La Fiscalía abrió una investigación y el Gobierno anunció una querella por secuestro.
Los antecedentes posteriores mostraron la gravedad del hecho: el trabajador fue golpeado, forzado a portar armas hechizas y droga y fotografiado con esos elementos. Además recibió amenazas dirigidas a él y a su familia, y según la investigación las imágenes habrían sido tomadas para presionarlo y forzar la entrada de drogas al establecimiento mediante la posible divulgación.
El incidente dejó al descubierto otra falla en materia de seguridad. En la investigación se estableció que las fotos fueron tomadas con un teléfono celular que había ingresado de forma irregular al recinto. Tras el episodio, un procedimiento de Gendarmería permitió incautar, al igual que en una cárcel, armamento artesanal fabricado dentro del propio centro.
El caso llegó hasta el Ministerio de Justicia. En una visita de septiembre, el subsecretario Luis Silva evitó calificar al CIP de Coronel como el más peligroso del país, aunque admitió que estaba bajo “atención preferente” por los graves episodios de violencia registrados.
La intervención desde Justicia
Ante este panorama, las autoridades comenzaron a tomar medidas para intentar contener la crisis. Según antecedentes recabados por Radio Bío Bío, previamente se produjo la salida del coronel de Gendarmería responsable de la seguridad del centro, y la jefa de la División de Reinserción Social realizó varios viajes a Coronel para intentar encontrar soluciones.
La situación también obligó a aplicar medidas sobre algunos adolescentes considerados de mayor complejidad, gestionándose su traslado a la sección juvenil de Gendarmería en Chillán.
La instrucción emanó directamente del ministro de Justicia, Fernando Rabat. En ese marco, directivos de Gendarmería se reunieron en el Ministerio y se les ordenó coordinar un trabajo especial con Reinserción Juvenil para abordar la situación de Coronel, encuentros que se concretaron en las últimas semanas.
Las graves falencias detectadas
Uno de los puntos observados se refirió al manejo de los denominados eventos críticos.
Las revisiones concluyeron que diversas situaciones ocurridas dentro del recinto no siguieron los procedimientos establecidos. En ciertos casos, los hechos no fueron denunciados oportunamente o no se activaron todos los mecanismos de reportabilidad requeridos.
Las inspecciones también detectaron deficiencias en la gestión de bienes y medicamentos. Entre las observaciones figura la ausencia de registros de stock y de administración de algunos insumos, incluidos fármacos utilizados en intervenciones vinculadas a la salud mental de los jóvenes.
Las fallas afectaron además uno de los objetivos centrales del sistema: la intervención orientada a lograr la reinserción de los adolescentes.
Según los antecedentes conocidos por Radio Bío Bío, no existían registros suficientes de supervisión ni análisis de los planes de intervención de los jóvenes, instrumentos esenciales para definir, ejecutar y evaluar sus procesos.
También se detectaron problemas con las rutinas y las actividades programadas. Las revisiones señalaron que parte de esas actividades no podían verificarse o simplemente no se realizaban según lo planificado, lo que generó largos periodos de ocio dentro del establecimiento, una situación sensible dado que la estructuración de rutinas es clave en los procesos de intervención y reinserción social.
Además se observaron bodegas e inventarios con controles insuficientes y anotaciones de seguridad que no habían sido gestionadas adecuadamente.
Estos antecedentes resultan especialmente relevantes porque las deficiencias afectaban no sólo la seguridad del recinto, sino también las herramientas necesarias para que los jóvenes cumplieran procesos efectivos de intervención y reintegración.
Remoción de la primera línea
El conjunto de estos antecedentes llevó finalmente a una decisión sobre la conducción del establecimiento.
Siempre según fuentes de La Radio, el Servicio consideró especialmente graves las deficiencias al afectar áreas directamente vinculadas con la seguridad, la salud y los procesos de reinserción de adolescentes privados de libertad.
Con la terminación anticipada de las cinco contratas, el Servicio interviene prácticamente toda la primera línea de conducción del CIP de Coronel.
