Este miércoles por la mañana se confirmó que, en definitiva, el gobierno retirará la reforma constitucional en materia de seguridad que había sido ingresada al Congreso y que provocó críticas de diversos sectores, tras acordarse trabajar en un nuevo texto.
Así lo informó el senador Pedro Araya (PPD), luego de participar en una reunión con el presidente José Antonio Kast en el Palacio de Cerro Castillo, instancia en la que se abordó la agenda de seguridad y la tramitación de distintas iniciativas legislativas.
Según relató el parlamentario de oposición, durante el encuentro hubo un “buen clima” y consenso sobre la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan avanzar en los proyectos vinculados a la seguridad.
En ese marco, Araya indicó que el Ejecutivo expresó su disposición a retirar la reforma constitucional vigente una vez que exista una propuesta alternativa que permita enfrentar los problemas que motivaron su presentación.
“Respecto de la reforma constitucional en seguridad, el Gobierno indicó que está dispuesto a retirar la reforma cuando se presente un texto alternativo que aborde y solucione los problemas que se habían planteado originalmente”, señaló el senador.
El parlamentario detalló que se definió una hoja de ruta para elaborar una nueva iniciativa, la que esperan poder presentar durante la próxima semana.
“Confiamos en que la próxima semana se ingrese un nuevo proyecto de ley de reforma constitucional en seguridad pública y, en ese momento, el Gobierno retirará la reforma presentada originalmente”, afirmó.
De esta forma, el Ejecutivo apunta a sustituir la propuesta que hoy está en el Congreso por un nuevo texto, en paralelo a conversaciones con los distintos sectores para destrabar la agenda legislativa en materia de seguridad.
Los puntos centrales de la eventual nueva reforma de seguridad
De acuerdo con información de Radio Bío Bío, el acuerdo contempla que la nueva reforma constitucional se organice en tres ejes principales.
El primero busca consagrar a nivel constitucional una condena al crimen organizado, considerándolo un fenómeno que impacta las bases de la institucionalidad y la convivencia democrática, con un tratamiento similar al que actualmente se otorga al terrorismo.
El segundo eje pretende entregar nuevas atribuciones a Gendarmería para separar a las personas privadas de libertad según su nivel de peligrosidad, con el fin de evitar que internos de alta peligrosidad sean trasladados o agrupados con otros reclusos, como ocurrió, por ejemplo, en la denominada Operación Cancerbero.
El tercer aspecto se vincula con los estados de excepción constitucional. La propuesta mantendría los regímenes actualmente vigentes e introduciría precisiones conceptuales sobre el estado de emergencia, estableciendo de forma expresa que puede operar ante situaciones relacionadas con la seguridad pública.
Según lo conversado en la reunión, estas modificaciones no alterarían las atribuciones que hoy tiene el Presidente de la República ni incorporarían nuevas restricciones a los derechos fundamentales. En ese sentido, medidas como la interceptación de comunicaciones telefónicas seguirán requiriendo una orden judicial.
