Al revelar nuevos antecedentes sobre la “Operación Apocalipsis II“, el fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, detalló de qué manera Álex Antonio Vega Torres se aprovechó de su condición de dirigente y continuó al mando de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) mediante maniobras fraudulentas, con el objetivo de resguardar la red de corrupción asentada en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1.
El persecutor señaló que cuenta con antecedentes que serán presentados en la formalización, y que dan cuenta de “fraudes cometidos para asegurarse las reelecciones, falsificaciones materiales de instrumentos para falsificar votos, firmas y, derechamente, sustraer incluso urnas con votos“.
Todas esas acciones, explicó, tuvieron la finalidad de “asegurarse de que esta persona se mantuviera como dirigente sindical y desde ahí dar protección a quienes cometían los delitos que ya formalizamos”, tras la Operación Apocalipsis.
Asimismo, Pastén indicó que Vega se desempeñaba en la planta de suboficiales de Gendarmería y que, por su papel dentro de la Anfup, “él contaba con fuero sindical“.
“Aprovechándose de esa condición, estoy en condiciones de poder decir que se instaló en Santiago I y desde ahí desplegó una red de corrupción“, añadió el persecutor.
Incluso, explicó que como parte de su forma de operar, cuando se proponía el traslado de algún funcionario vinculado a la red, “inmediatamente la asociación lo esgrimía y lo levantaba como un problema de carácter gremial“, impidiendo que la medida se concretara.
“Se utilizó la asociación en la que Vega se involucró dentro de Santiago I como una red de protección para estas agrupaciones ilícitas que actuaban al interior de Santiago I”, enfatizó.
Detalles aportados por las autoridades tras la Operación Apocalipsis II
El jefe nacional contra el crimen organizado, el prefecto inspector Erick Menay, subrayó los allanamientos coordinados y simultáneos realizados esta jornada, que incluyeron intervenciones en penales de la región Metropolitana, la región del Maule, la región del Bío Bío y la región de Magallanes, además de 14 ingresos a domicilios.
Respecto a los hechos investigados, Menay y la fiscal Tania Mora precisaron que se indaga especialmente por cohecho agravado, lavado de activos, apremios ilegítimos con resultado de muerte y falsificación de instrumento público.
A eso se suma el trabajo del personal de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana (Brilac) de la PDI, cuya labor permitió pesquisar y congelar cuentas bancarias, e incautar bienes por más de $100 millones.
Por su parte, el fiscal Pastén recordó que en diciembre pasado se detuvo a 70 personas en la Operación Apocalipsis —de las cuales 44 eran funcionarios de Gendarmería—, y que el monto total relacionado con los delitos alcanzó alrededor de cerca de $6.300 millones.
En relación con Vega, se determinó que existen al menos más de $130 millones sin justificación, por lo que se procedió a congelar siete cuentas bancarias a su nombre.
En cuanto al caso de la muerte de Rodolfo Muñoz Morales dentro de Santiago 1 en enero de 2018, Pastén confirmó que está vinculada a Vega y al entonces funcionario de Gendarmería Juan Farías Pumero.
La jefa del Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería de Chile, coronel Ingrid Rojas, valoró la detención de Vega, quien lideró una asociación que representaba el 28% del personal total de la institución.
Finalmente, Pastén señaló que solicitarán la ampliación de la detención de Vega, su cónyuge y Farías, aunque “en distintos plazos“, dado que es necesario revisar la evidencia recopilada durante este miércoles.
