El lunes pasado se informó que Estados Unidos revocó las visas de varios funcionarios de países como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En el caso de este último país, las sanciones alcanzaron al fiscal nacional Roger Mariaca, señalado por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Según lo expuesto por el Departamento de Estado, la nación norteamericana acusa a Mariaca de delitos que incluyen recibir sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.
En su comunicado afirmaron que Mariaca, elegido en 2024 para un período de seis años como fiscal general durante la gestión del presidente de izquierda Luis Arce y quien previamente fue fiscal general de Santa Cruz, habría abusado de sus funciones al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y permitir que delincuentes violentos eludan la acción de la justicia.
Añadieron que sus acciones ponen en riesgo los esfuerzos del presidente Trump para enfrentar el narcoterrorismo, además de socavar las instituciones democráticas que Bolivia, como participante del Escudo, busca fortalecer. El mensaje del presidente Trump y del secretario Rubio es claro: funcionarios corruptos, y los criminales a quienes protegen, no son bienvenidos en Estados Unidos.
Conviene recordar que el mandato del fiscal finaliza en 2030, en medio de intensas tensiones con el gobierno del presidente Rodrigo Paz, que mantiene una alineación con Washington.
Eso se refleja en un asunto clave: Mariaca encabeza la investigación penal contra el argentino Fernando Cerimedo, acusado de intento de femicidio en Bolivia. Cerimedo era, hasta entonces, asesor directo de Paz.
Tras conocerse las sanciones, en una declaración leída el martes el fiscal pidió que se respete la independencia judicial en el país, sin referirse de forma directa a la investigación contra Cerimedo.
«Podemos discrepar, ser críticos y expresar desacuerdos; eso forma parte de las relaciones entre Estados democráticos. Pero una cosa es expresar una posición y otra muy distinta es pretender condicionar, interferir o afectar el trabajo de una institución soberana, como lo es el Ministerio Público», sostuvo.
«Si desempeñar mi deber, defender la independencia de nuestras instituciones y sostener ahora la soberanía de Bolivia implica afrontar presiones o represalias, asumiré esa responsabilidad porque la función pública no puede estar condicionada por el temor», agregó.
The US govt has just sanctioned Bolivia's Attorney General for prosecuting Fernando Cerimedo, a State Department asset who was in charge of disinfo operations in Latin American elections.
AG Roger Mariaca has responded, condemning US interference in the justice system. pic.twitter.com/DofEXPORi7
— Ollie Vargas (@Ollie_Vargas_) September 29, 2026
No obstante, la trayectoria de Mariaca en la Fiscalía boliviana no ha estado exenta de polémicas, entre ellas la acusación de un supuesto acercamiento con el líder narco Sebastián Marset.
Según Infobae, el fiscal investigó a Marset cuando se desempeñaba como fiscal departamental de Santa Cruz, en torno al año 2023.
La tensión aumentó en marzo de 2026, cuando el prófugo uruguayo fue detenido por la policía en la ciudad mencionada; en ese momento la Fiscalía boliviana afirmó que la captura se había realizado sin una orden judicial previa.
Semanas después, la denuncia de la periodista Amalia Pando provocó mayor controversia al afirmar que Mariaca se había reunido a solas con Marset diez días antes de que este fuera extraditado a Estados Unidos.
La Fiscalía General negó categóricamente esa versión y demandó a la comunicadora que presentara pruebas que respaldaran sus declaraciones.
«Ante la gravedad de esta afirmación que afecta el honor de una autoridad y por responsabilidad con la opinión pública, la Fiscalía General solicita a la periodista presentar las pruebas que respalden lo manifestado», sostuvieron.
Por ahora, el gobierno actual de Bolivia sostiene que incluso podría existir una orden de extradición contra el fiscal por parte de EEUU, según indicó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda.
«Sí, esto podría derivar en una investigación, en un avance judicial en caso de Estados Unidos y en una solicitud probablemente de extradición el día de mañana, pero eso corresponde a un ámbito que no es nuestro y serán las autoridades de Estados Unidos las que responderán al respecto», aseveró.
