Este miércoles, la Primera Sala del Tribunal Constitucional analizará el requerimiento ingresado por el conservador de Santiago, Luis Maldonado, en una acción que pretende detener los efectos de la norma que dispone el cese de notarios, conservadores y archiveros al cumplir 75 años.
La presentación se dirige contra el artículo 6 de la Ley Zamudio, que establece medidas para enfrentar la discriminación.
La representación de Maldonado señaló que esta regla podría ser discriminatoria por razón de edad y busca que el Tribunal Constitucional declare su inaplicabilidad en el proceso judicial promovido por el conservador.
El debate se desarrolla contra el reloj. Este viernes 2 de octubre comienza a regir el artículo transitorio de esta nueva ley, que determina el cese de quienes ya cumplen las condiciones fijadas por la reforma.
El abogado y exministro del Tribunal Constitucional, Gonzalo García, defensor de Maldonado, indicó que la solicitud busca impedir que los afectados sean removidos antes de que el TC alcance a pronunciarse sobre sus requerimientos. Además, recalcó que el propósito de la petición no implica un privilegio.
La ley fija un período de vacancia
Desde el Gobierno descartan que exista un problema de transición. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo que la ley previó un período de vacancia y que, cumplido ese lapso, el cese se produce por el solo ministerio de la ley.
Una visión que comparte el exministro de Justicia y académico de la Universidad Diego Portales, Jaime Gajardo, quien afirma que la normativa contempló un plazo suficiente para preparar su implementación.
Desde la Asociación de Notarios, Archiveros y Conservadores, su presidente Carlos Miranda reconoció que la fecha fue fijada por el legislador y debe acatarse, aunque respaldó que quienes estimen vulnerados sus derechos puedan acudir a los tribunales.
La puesta en marcha de la reforma también prevé un período de interinatos mientras se llevan a cabo los concursos para suplir los cargos vacantes.
Desde Justicia señalan que la Alta Dirección Pública debe acelerar esos procesos para acortar el tiempo de las subrogancias.
