Un magistrado federal de Estados Unidos ordenó este miércoles al Gobierno de Donald Trump que, en un plazo máximo de 14 días, le remita el documento que detalla la justificación legal de los ataques de Estados Unidos contra lanchas en aguas del Caribe y del Pacífico.
Desde septiembre de 2025, la Administración Trump ha realizado más de 70 ataques contra embarcaciones señaladas por narcotráfico, que han causado al menos 230 fallecidos.
El juez Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, solicitó a la Administración de Trump que entregue, “en privado”, el memorando del Departamento de Justicia de EE.UU. fechado en septiembre de 2025, en el que se expone la fundamentación legal de los ataques militares letales de Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico.
El juez reclamó un documento de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia (OLC, por sus siglas en inglés) en el cual el propio Gobierno federal evalúa la autoridad del presidente Trump para ordenar ataques letales o con drones.
El documento fue elaborado en septiembre de 2025, cuando el Departamento de Defensa comenzó oficialmente a llevar a cabo estos ataques.
Además, el magistrado pidió al Gobierno de Trump que informe quién ha tenido acceso al documento, en qué momento y con qué finalidad.
Desde septiembre de 2025, el Gobierno de Trump ha llevado a cabo más de 70 ataques contra lanchas acusadas de narcotráfico, que han dejado al menos 230 muertos.https://t.co/ilvuLgDnq9
— EFE Noticias (@EFEnoticias) September 30, 2026
Engelmayer requirió también una base de datos completa que explique el motivo por el cual esas personas sí tuvieron acceso.
El caso se inició después de que grupos de derechos civiles de EEUU demandaran al Gobierno de Trump para impulsar la publicación de esta justificación.
La querella fue presentada por el Centro para los Derechos Constitucionales, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su rama de Nueva York (NYCLU) ante la corte del distrito sur de esta ciudad, tras la falta de respuesta del Gobierno a una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información (FOIA, en inglés).
