La Operación Apocalipsis sacó a la luz una red que, según las estimaciones, habría movilizado más de $6.300 millones, involucró a más de 40 gendarmes y llegó hasta uno de los líderes más influyentes que tuvo la institución. Se trata de un golpe que se produce justo cuando Gendarmería acaba de modificar las reglas con las que operó durante décadas.
Desde abril, la institución dejó de depender de Justicia y comenzó su traslado al Ministerio de Seguridad. También desaparecieron las asociaciones gremiales y los fueros de sus dirigentes. Y, al menos formalmente, el mando ahora cuenta con mayor autoridad para supervisar a su personal.
Por eso, Apocalipsis no solo obliga a cuestionar la profundidad de la crisis en Gendarmería. Además plantea una pregunta más incómoda: si algunos de los obstáculos que durante años se señalaron para ordenar la institución ya desaparecieron, ¿alcanzará eso para recuperarla?
El exdirector de Gendarmería Claudio Martínez considera que existe una posibilidad, aunque parte de un diagnóstico duro.
“Esto es un hecho que debemos calificar como extremadamente grave. Y es un reflejo de la crisis en Gendarmería que tenemos que asumir como tal”, señala.
No se trata de irregularidades puntuales ni de unas pocas “manzanas podridas”, como suele decirse para minimizar lo ocurrido. Habla sin rodeos de una crisis. Y los datos conocidos permiten dimensionar por qué.
La primera Operación Apocalipsis se enfocó en una estructura que, según la Fiscalía, funcionaba de manera estable dentro de Santiago 1 y el CPF de San Joaquín, con funcionarios, internos y civiles participando de un circuito para introducir drogas, teléfonos, alcohol y otros objetos prohibidos. La investigación calculó movimientos de más de $6.300 millones en tres años y dejó a más de 40 funcionarios bajo investigación penal.
Pero ahora la pesquisa dio un salto aún mayor.
La influencia detrás de los barrotes
Álex Vega no era un trabajador cualquiera: durante años fue una de las caras visibles de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), hasta que la organización dejó de existir tras la reforma constitucional.
La Fiscalía indaga al exdirigente por cohecho agravado reiterado y lavado de activos. El análisis de movimientos bancarios detectó cerca de $248 millones en abonos en cuentas vinculadas a Vega entre 2020 y 2025, de los cuales alrededor de $131 millones no tendrían justificación aparente. La investigación atribuye esos flujos a una posible estructura destinada a facilitar la entrada de objetos prohibidos a Santiago 1. Son antecedentes que aún deben probarse en sede judicial.
Pero el impacto institucional del caso excede lo puramente económico. Porque la Fiscalía también investiga indicios de una posible manipulación de elecciones internas de la Anfup para mantener a Vega y su directiva en el cargo. Según la pesquisa, miembros de su entorno habrían llegado a sustraer urnas con el objetivo de alterar una votación y asegurar la continuidad de su dirección.
Ahí es donde Apocalipsis se cruza de forma directa con una de las decisiones más discutidas de este año respecto de Gendarmería: la supresión de los gremios.
Los gremios de Gendarmería ya no existen
La reforma constitucional publicada en abril fue tajante en ese punto. No planteó una transición ni limitó ciertas atribuciones de las asociaciones: las eliminó de plano.
“A contar de la fecha de publicación de la presente reforma constitucional, las asociaciones de funcionarios de Gendarmería de Chile quedarán disueltas”, señalaba el texto. Con ello desaparecieron también la figura del dirigente y los fueros vinculados a esos cargos.
La modificación buscó reforzar la verticalidad del mando, la disciplina y la subordinación en una institución que pasó a integrar constitucionalmente las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Pero, como reconoció en su momento Cordero, existía el riesgo de un “sindicato con armas”.
Cinco meses después, Apocalipsis aporta antecedentes que vuelven a poner ese debate sobre la mesa.
No porque la investigación permita concluir que los gremios fueron la causa de la corrupción en Gendarmería, sino porque uno de los dirigentes más influyentes de la antigua estructura gremial figura ahora como imputado en una pesquisa que busca establecer hasta dónde llegaron las redes de corrupción dentro del sistema penitenciario.
Y eso altera el paisaje.
Para Martínez, la desaparición de los gremios no significa el cierre de la crisis, sino una oportunidad para empezar a abordarla.
“Que se haya cambiado de ministerio y que se hayan disuelto los gremios debería ser el punto de partida para recuperar tanto la operatividad y la gestión de Gendarmería, como su dimensión ética fundamental en una función como la que cumple y la misión que le encomienda el propio Estado”, afirma.
La expresión que usa el exdirector es clave: punto de partida.
Eliminar los gremios puede quitar una estructura que tensionaba las decisiones del mando, pero no borra por sí sola la corrupción.
¿Una institución irrecuperable?
Frente a esto, la envergadura de Apocalipsis plantea de manera inevitable si la problemática llegó a tal profundidad que Gendarmería ya habría sobrepasado un punto de no retorno.
Martínez, sin embargo, descarta esa posibilidad.
“Creo que este mismo hecho demuestra que estamos a tiempo y en condiciones de recuperar a Gendarmería tanto en lo operativo como en lo ético”, asegura.
No obstante, su diagnóstico contiene una paradoja: que una investigación haya penetrado una estructura así evidencia la magnitud de la crisis, pero también prueba que el Estado aún es capaz de detectarla y desmantelarla.
La duda es qué sucede después. Expulsar a funcionarios corruptos castiga responsabilidades individuales. Recuperar una institución exige algo distinto: cambiar los incentivos y los controles que permitieron que esas conductas prosperaran por años.
Y el episodio de Vega hace aún más incómoda esa interrogante.
El exdirigente acumuló al menos 11 sumarios a lo largo de su carrera. Además, tiene una condena de 2008 por apremios ilegítimos contra un interno de Colina II. A pesar de ello, conservó durante años influencia dentro de Gendarmería y en la organización que representaba a buena parte de sus funcionarios.
La pregunta, entonces, no es solo cómo pudo nacer una posible red corrupta. Es cómo logró perdurar.
Trasladar el ministerio no es suficiente
Por otro lado, está la gran apuesta del traslado desde Justicia hacia Seguridad.
La reforma incorporó a Gendarmería constitucionalmente en las Fuerzas de Orden y Seguridad y diseñó una nueva estructura donde la custodia penitenciaria queda ligada al sistema de seguridad, mientras que Justicia conserva las responsabilidades relacionadas con la reinserción social.
La intención es enfrentar una realidad evidente: gran parte del crimen organizado no desaparece cuando sus integrantes entran en prisión.
Las organizaciones pueden seguir coordinando ilícitos desde las cárceles y para ello necesitan celulares, dinero, contactos externos y, en ocasiones, funcionarios dispuestos a colaborar, situación que investiga precisamente la operación Apocalipsis.
De ese modo, poner a Gendarmería bajo Seguridad podría mejorar la coordinación con otras instituciones encargadas de combatir esas organizaciones. Pero expertos advirtieron durante la tramitación que concentrar bajo un mismo ministerio a entidades afectadas por problemas de corrupción también puede generar riesgos de “contaminación cruzada” si el cambio no se acompaña de mayores estándares de control y fiscalización.
Dicho de otro modo, reordenar el organigrama no transforma por sí solo una cultura institucional.
Y aquí vuelven a pesar las palabras de Martínez. El exdirector habla de recuperar a Gendarmería en lo “operativo”, pero también en lo “ético”.
Lo segundo probablemente será mucho más complejo que lo primero.
Sin gremios, también se pierde una excusa
La desaparición de las asociaciones plantea, además, un desafío especialmente exigente para las autoridades entrantes.
Durante años se presentó el peso de los gremios como uno de los factores que dificultaban el ejercicio del mando. Existían dirigentes con fuero, capacidad de presión y organizaciones capaces de confrontar públicamente a las autoridades. Pero eso terminó.
Desde abril, las asociaciones están legalmente disueltas, desaparecieron los fueros gremiales y la reforma reforzó de forma explícita la verticalidad, disciplina y subordinación dentro de Gendarmería.
Por eso, si los gremios eran parte del problema, ahora ya no están.
Las nuevas autoridades contarán con mayor margen para trasladar funcionarios, cambiar destinaciones, aplicar disciplina y reorganizar unidades sensibles. Pero, justamente por eso, también asumirán una mayor responsabilidad si las redes persisten.
La reforma otorgó más mando y ahora Apocalipsis exige que se use.
La verdadera prueba para Gendarmería llega después de Apocalipsis
Por ello, la operación podría acabar marcando un quiebre más profundo que las detenciones conocidas hasta ahora.
Gendarmería enfrenta dos procesos a la vez. Uno, judicial, que busca establecer hasta dónde llegó la corrupción y quiénes participaron.
Y otro, institucional y probablemente más prolongado, que deberá comprobar si la estructura creada este año es capaz de impedir que esto vuelva a repetirse.
En ese marco, Martínez piensa que aún hay margen. “Estamos a tiempo”, afirma.
Pero advierte que la voluntad política no basta y que la recuperación de Gendarmería exigirá el esfuerzo de todos los actores vinculados al sistema penitenciario; ahí estará la auténtica prueba.
Porque si, pese al cambio de ministerio, la eliminación de los gremios y el fortalecimiento del mando, las redes de corrupción logran perdurar, el diagnóstico será más profundo: el problema no residía solo en la estructura de Gendarmería, sino también en su interior.
