Los abogados de Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, volvieron a reclamar este miércoles su puesta en libertad bajo fianza y aseguraron que su estado de salud ha empeorado mientras permanece en prisión.
Según las actas judiciales, la defensa sostiene que desde su detención ha sufrido «una racha de 33 latidos de taquicardia ventricular», padeció un episodio de 30 minutos de «intensa opresión torácica» tras el cual no se le practicaron exámenes clínicos, y además ha perdido mucho peso y dos molares.
También remarcan que, antes de su arresto, su afección cardíaca estaba «estable» y se mantenía con una única inyección mensual, y atribuyen el empeoramiento de su salud a la operación militar estadounidense del 3 de enero en la que ella y el exmandatario fueron capturados.
Maduro y Flores fueron detenidos en una acción de las fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados a Nueva York. Relatan que la ex primera dama ingresó al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC) con heridas en la frente y otras lesiones, y que pasó sus primeros tres meses en prisión en régimen de aislamiento.
Los defensores de Flores indican que el equipo médico del MDC ha propuesto realizarle un cateterismo y que ella ha solicitado más información sobre el procedimiento, si bien sostienen que «(la prisión) dista mucho de ser un lugar ideal para recuperarse de una intervención cardíaca».
Con esto la defensa responde a la oposición de la Fiscalía a que el tribunal conceda a Flores la libertad condicional. El Gobierno alega que existe un riesgo de fuga «extremo» y que representa un «peligro para el público».
Defensa de Cilia Flores solicita nuevamente libertad bajo fianza por deterioro de su saludhttps://t.co/7WbGhLn8kK
— The Daily Journal (@tdjnoticias) October 1, 2026
Sus abogados descartan la posibilidad de fuga al tratarse de una mujer de 69 años «con una afección cardíaca no tratada que se enfrenta a un procedimiento invasivo y, probablemente, a una intervención posterior».
Además, niegan que Flores pueda «comprar su libertad», apuntando que «no dispone de fondos para sufragar su defensa», extremo que ella habría declarado bajo pena de perjurio en una declaración jurada.
El juicio conjunto contra Flores y Maduro está programado para comenzar el 1 de junio de 2027. A ambos se les imputan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de lo que la acusación describe como una red de narcoterrorismo y corrupción que abarcaría más de dos décadas.
Los dos han pedido que el caso sea desestimado alegando inmunidad soberana.
Si llega a ser condenada, Flores afrontaría una pena mínima obligatoria de cuarenta años de prisión y una máxima que podría llegar a la cadena perpetua.
