Una segunda mujer quedó en prisión preventiva acusada de su presunta participación en una estafa de gran magnitud que habría afectado a aproximadamente 200 personas que intentaban acceder a una vivienda social en Alto Hospicio, región de Tarapacá.
La Fiscalía de Iquique la formalizó el miércoles por los delitos de estafas reiteradas y uso malicioso de instrumento público. El tribunal impuso la medida cautelar por un periodo de 120 días.
La pesquisa la lidera la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Iquique, en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI), y está dirigida a una agrupación conformada por mujeres chilenas que, presuntamente, habría defraudado por cerca de $400 millones.
El fiscal Juan Zepeda indicó que la imputada desempeñaba labores de apoyo a la líder de la organización, quien fue detenida a comienzos de agosto en Puerto Varas y continúa en prisión preventiva.
Fraudes en comités de vivienda
En concreto, la segunda arrestada habría sido responsable de captar víctimas, recibir documentación, asistir a reuniones y administrar grupos de WhatsApp creados supuestamente para mantener informadas a las personas que integraban los falsos comités de vivienda.
“Entre 2023 y mayo de 2026, las imputadas engañaron a cerca de 200 personas a las que les ofrecían incorporarse a falsos comités de vivienda para acceder a departamentos sociales asociados a proyectos habitacionales existentes en Alto Hospicio”, explicó el persecutor.
No obstante, según la investigación, las viviendas ofertadas ya se encontraban adjudicadas o incluso habían sido entregadas.
Las víctimas, tanto nacionales como extranjeras, estaban en situación de necesidad habitacional y habrían participado en reuniones presenciales con las imputadas en una oficina ubicada en el sector céntrico de Iquique.
En ese marco, efectuaron pagos que oscilaron entre $500 mil y $11 millones. El dinero se solicitaba bajo conceptos como cuotas de incorporación, reserva de cupos, gastos administrativos y presuntos trámites relacionados con la obtención de las viviendas.
Por ello, la Fiscalía estima que el total defraudado ascendería a cerca de $400 millones.
