La preservación de drogas, teléfonos móviles y otros dispositivos de comunicación confiscados dentro de los recintos penales vuelve a ser objeto de cuestionamientos tras dos auditorías recientes que la Contraloría General de la República realizó a Gendarmería.
Radio Bío Bío revisó los informes finales N°285, correspondiente a la región del Bío Bío, y N°463, referido a la Región Metropolitana; ambos fueron notificados el martes por la tarde y publicados ayer por el ente fiscalizador. Las revisiones abarcaron procedimientos efectuados durante todo 2025 y en los primeros meses de 2026 en los centros penitenciarios de dichas zonas.
Los hallazgos son preocupantes. Entre las dos regiones permanecen 1.954 formularios únicos de cadena de custodia extraviados, documentos clave para reconstruir el recorrido de una prueba desde su localización hasta su entrega a la Fiscalía, a policías o a autoridades sanitarias. Además, en las inspecciones físicas se constató que 119 elementos de comunicación incautados no pudieron ser ubicados: 87 en el Complejo Penitenciario Bío Bío y 32 en Colina II.
La Contraloría ordenó abrir procedimientos disciplinarios para determinar posibles responsabilidades administrativas y anunció que remitirá los antecedentes al Ministerio Público “para los fines que en derecho correspondan”.
Estos descubrimientos salen a la luz en una jornada especialmente delicada. En la madrugada del miércoles, la PDI y la Fiscalía detuvieron a Álex Vega Torres, histórico dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Anfup, en el marco de la llamada Operación Apocalipsis. Las auditorías no relacionan directamente a Vega con estas irregularidades, pero evidencian fallas estructurales en los controles de evidencias dentro de los penales que parecen persistir.
Rastros perdidos en las cadenas de custodia
Uno de los aspectos más graves se aprecia en la Región Metropolitana. Según detalla la auditoría realizada por la Contraloría, se habría comprobado el extravío de 1.686 formularios de cadena de custodia. Tras los descargos institucionales, Gendarmería logró respaldar 735 casos, pero otros 951 continuaron sin explicación documental.
El problema se concentró principalmente en Colina II, con 605 formularios; Colina I, con 418; el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, con 417; y el CPF San Miguel, con 180.
La Contraloría fue tajante en su informe al señalar que no se pudo establecer si esos documentos correspondían a partes internos o denuncias, ni si estaban vinculados a incautaciones de drogas u otros objetos prohibidos. Tampoco se encontraron registros de esas especies en las bases de datos de los servicios de salud.
El organismo advierte que, si los formularios se refieren a incautaciones reales, la pérdida de trazabilidad podría imposibilitar la persecución penal de quienes introduzcan o mantengan sustancias o artículos prohibidos dentro de los centros penitenciarios.
El panorama en el Bío Bío fue análogo. La revisión partió con 1.647 formularios sin respaldo suficiente. Tras la documentación aportada por Gendarmería se pudieron subsanar 644 casos, pero 1.003 continuaron extraviados.
En este escenario, el Complejo Penitenciario Bío Bío concentró 987 de los documentos que aún carecen de trazabilidad.
Celulares fuera de su ubicación esperada
En el Complejo Penitenciario Bío Bío, los fiscalizadores detectaron 87 elementos de comunicación asociados a 37 partes de denuncia que no contaban con documentación que acreditara su entrega a la Fiscalía y que tampoco se localizaron físicamente durante la inspección.
En Colina II, por su parte, se registraron 32 elementos de comunicación incautados que no pudieron ser ubicados en el curso de la fiscalización.
La auditoría metropolitana, además, instruyó a Gendarmería a regularizar y acreditar el destino de 94 teléfonos celulares que aún permanecían bajo custodia institucional. El informe también detectó deficiencias en los registros de IMEI, códigos de chips, descripciones de equipos, números de evidencia y en la documentación de respaldo.
Para la Contraloría, las discrepancias entre sistemas y registros “aumentan el riesgo de pérdida de trazabilidad” y pueden entorpecer tanto el control administrativo como la persecución penal.
Decomisos entregados con demora y antecedentes pendientes
Los informes igualmente consignaron incumplimientos en la entrega de drogas decomisadas a los servicios de salud, trámite que por ley debe realizarse dentro de las 24 horas siguientes al hallazgo, salvo autorización judicial excepcional.
En la Región Metropolitana se detectaron 44 formularios con entregas fuera de plazo: 38 con demoras entre 24 y 72 horas, y otros seis con retrasos de entre 73 y 96 horas.
Gendarmería esgrimió restricciones en los horarios de recepción de los servicios de salud, sobre todo durante fines de semana y feriados. No obstante, la Contraloría mantuvo la observación porque no se acreditaron autorizaciones de jueces de garantía para extender el plazo legal.
En el Bío Bío se registraron 24 entregas fuera de plazo. En tres de esos casos, el retraso superó las 150 horas. También se encontraron cinco hallazgos de sustancias sin actas de prueba de campo ni pesaje, lo que impidió verificar si el tipo y la cantidad de droga coincidían con lo finalmente entregado a la autoridad sanitaria.
Además, en ambas regiones el Ministerio Público solicitó antecedentes complementarios por denuncias relacionadas con drogas, celulares y otras especies, pero Gendarmería no respondió en los plazos requeridos.
En el Bío Bío hubo 16 formularios vinculados a ocho denuncias con requerimientos pendientes. En la Metropolitana, fueron 12 formularios asociados a 11 denuncias.
Sumarios administrativos y envío a la Fiscalía
La Contraloría instruyó a la Dirección Nacional de Gendarmería a iniciar procedimientos disciplinarios en un plazo de 15 días hábiles. También exigió reforzar los controles, formalizar los registros, mejorar la seguridad de las bodegas de evidencias y unificar los sistemas informáticos que hoy no cuentan con interoperabilidad suficiente.
En ambos informes, el organismo concluyó que las direcciones regionales no efectuaron una supervisión adecuada sobre el manejo de los formularios, las denuncias y el destino de las especies incautadas. Corresponderá ahora al Ministerio Público indagar lo sucedido nuevamente al interior de Gendarmería.
