Concluyó la investigación del caso Puerto Coronel, expediente que indaga delitos tributarios, económicos y de corrupción que habrían provocado un perjuicio superior a $2.500 millones. Ahora, el Ministerio Público dispone de un plazo de 10 días para formular la acusación contra siete de los ocho imputados.
Lo anterior se debe a que, según se informó en la audiencia de este viernes, una de las imputadas, Michelle Prater, exgerenta general interina de Puerto Coronel, aceptó una salida alternativa acordada con el Ministerio Público. De ese modo, su procedimiento quedó suspendido por un año.
Entre las condiciones acordadas figura fijar un domicilio y firmar mensualmente ante Carabineros, específicamente en la 37ª Comisaría de Vitacura. Asimismo, deberá efectuar una donación de $2.500.000 al Cuerpo de Bomberos de Coronel, que se pagará en 10 cuotas.
Recordemos que entre los imputados que deberán enfrentar la acusación se encuentra el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, quien está siendo investigado por el delito de cohecho.
Fiscalía cifra en más de $2.500 millones los perjuicios
Tras la audiencia, Glenda Lagos, fiscal adjunta de la Fiscalía Local de Coronel, definió el cierre de la investigación como un “hito importante” y resaltó que en la instancia se detallaron los hechos y los delitos atribuidos a los ocho investigados.
«Hoy día hemos tenido un hito importante en la investigación, trascendental. Se ha formalizado la investigación, precisándose productivamente cada uno de los hechos y delitos que se le atribuyen a los ocho imputados, a los ocho investigados, y, seguidamente, se ha cerrado la investigación», explicó, poniendo énfasis en la formalización y el cierre procesal.
La persecutora añadió que durante la audiencia se especificaron con detalle los montos de los perjuicios ocasionados a los distintos afectados en el caso de Compañía Puerto de Coronel S.A.
Concretamente, el perjuicio a Puerto Coronel por los delitos investigados supera los $2.500 millones. De ese monto, $2.159 millones corresponden a perjuicios por hechos de administración desleal, más de $233 millones están asociados a delitos tributarios y $151 millones corresponden a pagos a autoridades comunales vinculados a delitos de cohecho y soborno.
Fiscal por salida alternativa para Michelle Prater
Sobre la situación de Prater, la fiscal Lagos explicó que la salida alternativa se adoptó atendiendo a las características de su imputación y a la colaboración que brindó durante la investigación.
Se consideró que concurrían los requisitos legales para esa medida. Su imputación alcanzaba únicamente el delito de administración desleal, por un segmento de los hechos que integran ese ilícito, señaló la fiscal.
En diciembre de 2025, Prater había sido formalizada por administración desleal, acusándosele de omitir acciones destinadas a impedir desvíos de dinero, a pesar del deber que tenía de proteger el patrimonio de la empresa.
