La Federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés) afirmó que el expediente contra el Manchester City y la centena de irregularidades financieras que se le imputan supone “implicaciones graves para la integridad del fútbol”, en la misma jornada en la que la institución confirmó que presentaría una apelación.
En un breve comunicado, la FA señaló que la resolución emitida esta semana por la comisión independiente resulta de gran importancia para la integridad del deporte y que están evaluando sus consecuencias para intervenir “cuando proceda”.
«Mientras dure el procedimiento entre la Premier League y el Manchester City, no haremos más comentarios por el momento. Seguiremos de cerca su evolución», declaró el organismo inglés.
De acuerdo con la investigación y el fallo de la Premier League y la comisión independiente encargada del caso, el City habría inflado sus presupuestos a lo largo de casi una década, entre 2009 y 2018, manipulando sus cuentas por un monto superior a los 1.000 millones de euros.
En ese lapso, el club inglés se alzó con ocho títulos, entre ellos tres campeonatos de la Premier League.
El recurso del City
Por su parte, el equipo ‘Citizen’ informó en un comunicado que ha presentado un recurso contra la resolución en la que fue hallado culpable esta semana.
El conjunto de Mánchester señaló en su nota que este jueves, a las 19:00 horas (hora local), formalizó su defensa.
«La postura del club es firme, ya que el dictamen de la Premier League incorpora errores materiales de derecho, de principios y de hecho y no resulta concluyente», afirmó el City en el comunicado.
«El club niega las imputaciones formuladas por la Premier League y dispone de un sólido conjunto de pruebas que respaldan su posición en todos los aspectos. Respetaremos el resto del proceso y estamos limitados en lo que podemos declarar hasta la conclusión de todos los procedimientos», añadió.
Tras la presentación del recurso se inicia un periodo de doce semanas en el que se analizará en detalle, antes de celebrarse una vista de cinco días seguida por un plazo de treinta días para dictar la resolución.
