
"Diario de una fundadora": guía para escalar negocios liderados por mujeres
Chile
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Un intenso debate legislativo y social ha suscitado el reciente proyecto de ley presentado por la diputada por la Región del Bío Bío, Francesca Muñoz. La iniciativa busca obligar a las residencias de protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) vulnerados a contar con guardias de seguridad las 24 horas del día.
La medida reactivó la discusión sobre cómo el Estado resguarda la integridad de las infancias bajo su cuidado sin desvirtuar la naturaleza acogedora de estos espacios.
Darío Valle, director ejecutivo de la Fundación Sembrar Futuro, abordó la factibilidad y las implicancias de esta iniciativa.
Si bien reconoció las intenciones tras el proyecto, enfatizó las complicaciones de su aplicación: "Creo que por bien intencionados que estén, nadie quiere en su residencia, en su casa, porque eso es lo que es para estos niños, tener un guardia de seguridad. Lo creo difícil de implementar y veo más complicaciones que éxito".
Asimismo, Valle alertó sobre el complejo escenario en torno a estos centros, donde se combinan crisis de seguridad externa, sobrepoblación y un déficit estructural de cuidadores.
"Hoy en día existen redes de narcotráfico y de trata sexual que ven en los niños y niñas de las residencias un público al que captar e intentan hacer esa conexión instalándose en el entorno" advirtió.
Agregó que una de cada dos residencias a nivel nacional opera por sobre su capacidad máxima, lo que restringe el número de profesionales para supervisar y acompañar a los menores.
Frente a la discusión presupuestaria y a la eficacia de las políticas públicas, desde la sociedad civil llamaron a reorientar los recursos hacia la prevención y al fortalecimiento de las Familias de Acogida.

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