La Contraloría aprobó, con ciertas salvedades, las modificaciones impulsadas por el Ministerio de Vivienda a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Este cambio pretende flexibilizar algunas exigencias para nuevos proyectos de vivienda y ya había generado debate entre alcaldes, sobre todo por sus posibles repercusiones en la densificación de las comunas.
La densidad fue uno de los aspectos más discutidos. La iniciativa inicial proponía sustituir el cálculo de cuatro habitantes por vivienda por coeficientes de 1,4 y 2.
Ante las observaciones de la Contraloría, el Gobierno decidió suprimir el coeficiente de 2 y mantener el de 1,4 únicamente para proyectos que reúnan determinadas condiciones de ubicación y conectividad.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, en entrevista con La Radio, valoró los cambios realizados y descartó uno de los principales temores surgidos en la discusión: afirmó que con la nueva ordenanza no existe la posibilidad de que se formen nuevos “guetos verticales”.
“Es una iniciativa que, además, la Contraloría no solo le dio toma de razón, sino que la mejoró. De ningún modo: no existe la posibilidad de que surjan guetos verticales porque la ordenanza no libera la altura y, por lo tanto, no puede formarse un gueto vertical“, señaló.
No obstante, esa conclusión no es unánime. El director del Observatorio de Políticas Públicas del Territorio de la Universidad de Santiago, Américo Ibarra, advirtió que las proporciones fijadas en el decreto podrían provocar una densificación excesiva y terminar afectando la calidad de vida en los barrios.
“El riesgo es claro. Liberalizar la densidad y la altura sin un respaldo suficiente en infraestructura y servicios puede reproducir fenómenos como los guetos verticales, podrían dar lugar a barrios saturados y con una baja calidad de vida“, advirtió.
Esa preocupación fue también expresada por el académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, Álvaro Farrú, quien señaló que las nuevas condiciones podrían ser aprovechadas por las inmobiliarias para aumentar la cantidad de viviendas en determinados proyectos.
“Sin duda existe ese riesgo. La inmobiliaria busca maximizar su rendimiento porque, al fin y al cabo, esto es un negocio, y por eso obtiene mayor beneficio cuantas más viviendas logre incluir en ese terreno”, indicó.
La Contraloría, además, puntualizó que su toma de razón certifica la legalidad del decreto, pero no implica un juicio sobre el mérito, la oportunidad ni la conveniencia de las medidas. Con ese control superado, el énfasis ahora estará en observar cómo las modificaciones incidirán en la práctica sobre la densificación y la planificación de las ciudades.
