El tribunal de alzada de Puerto Montt ratificó este martes la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público contra el senador de Aysén, Miguel Ángel Calisto. Al legislador se le imputa un presunto fraude al fisco por el eventual uso indebido de asignaciones parlamentarias en su período como diputado.
Desde el Congreso Nacional, Calisto negó las imputaciones. Aseguró que “me siento muy tranquilo” y anunció que acudirá a la Corte Suprema para impugnar la decisión.
“Acudiremos a todas las instancias que la ley prevé y que la Constitución garantiza en materia de debido proceso”, afirmó el parlamentario. También destacó su derecho a ejercer la defensa.
“Hemos presentado un requerimiento en la Corte Suprema donde solicitamos un amparo para que se revise la situación relacionada con la investigación”, dijo Calisto. En ese sentido, busca que todos los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa sean examinados y que se respete el derecho a defenderse.
Calisto precisa el alcance del desafuero
En la rueda de prensa, el parlamentario subrayó que “el desafuero no es una condena, en ningún caso”. Añadió que se trata de una etapa en la que se les permite exponer los argumentos de defensa.
También sostuvo que “el umbral para solicitar un desafuero es bastante bajo”. Explicó que “bastan ciertos antecedentes o indicios, según la ley, para que proceda un desafuero. Por lo tanto, la exigencia no es tan alta”.
Criticó la investigación del Ministerio Público, calificándola de “injusta”. Afirmó que parte de “una acusación falsa y anónima a la que la Fiscalía ha dado crédito. Durante siete años han intentado configurar antecedentes para poder acusarme”.
Calisto dijo que mantienen la calma porque el consejo de asignaciones parlamentarias dejó constancia de forma clara de que “la funcionaria todos los meses entregó su reporte de actividades, todos los meses entregó su boleta y todos los meses cumplió con sus funciones”. Añadió que corresponde a ese órgano determinar si los funcionarios trabajan o no.
