La petición de Juan Aliste Vega, condenado por el asesinato de un carabinero, podría terminar brindándole al presidente José Antonio Kast un argumento insospechado frente a una de las resoluciones más delicadas de su administración.
Si acepta otorgar un indulto humanitario al exlautarista debido a su cáncer terminal, distintos sectores de la derecha ya plantean en público esta premisa: Kast tendría que mostrar la misma consideración con condenados por violaciones a los derechos humanos que se encuentren en circunstancias semejantes.
De ese modo, la petición de Aliste Vega empezó a tomar una vertiente política adicional. La discusión dejó de centrarse únicamente en si debe pasar sus últimos días fuera de prisión; también empieza a articularse, en torno a su caso, un precedente que podría ayudar al propio Ejecutivo a justificar futuros indultos a reclusos sentenciados por crímenes de lesa humanidad.
La dimensión política que abrió la petición de indulto de Juan Aliste Vega
La petición fue presentada el 5 de octubre en el Ministerio de Justicia. La defensa solicitó que Aliste cumpla el resto de su condena fuera de la cárcel, alegando su cáncer terminal y el deterioro de su estado de salud, invocando criterios estrictamente humanitarios, “transversales y no sectoriales”.
Las reacciones no se hicieron esperar dentro del oficialismo y el argumento se repite en Republicanos, RN, la UDI y el Partido Nacional Libertario: si una enfermedad terminal habilita una medida humanitaria para Aliste, ese criterio no puede variar según la identidad del condenado.
El diputado republicano Cristián Araya lo dejó en claro: “La justicia no es venganza. Si se contempla un indulto por cáncer terminal para un exlautarista, el Presidente debe mostrar la misma humanidad con los internos de Punta Peuco que presenten una salud comparable”, sostuvo.
Su colega de partido, Luis Sánchez, recogió el mismo razonamiento: “Los delitos cometidos por Juan Aliste Vega son atroces. Matar a un carabinero es un acto terrible. Sin embargo, nadie debe fallecer en la cárcel. Ese principio debe aplicarse por igual”.
No obstante, Macarena Santelices discrepó: “No respaldo emplear el indulto a un exlautarista, condenado por el homicidio del cabo Luis Moyano, como una ficha de cambio para habilitar otros indultos”, sentenció.
Desde RN, Diego Schalper afirmó que “la pena no puede obedecer a la venganza”. En su opinión, cuando una persona está en estado terminal, “la pena deja de tener sentido”. “Por eso, creemos que este caso es perfectamente comprensible”, añadió.
En el Partido Nacional Libertario (PNL) han insistido con firmeza a Kast para que cumpla su promesa sobre indultos; de hecho, fue un punto de discusión en la reunión que mantuvieron recientemente.
Cristóbal Urruticoechea orientó la discusión hacia otros centros penitenciarios. Según dijo, frente a una enfermedad terminal debe prevalecer la dignidad humana, “sin importar desde qué lugar se solicite la libertad de esa persona, sea Punta Peuco, sea Colina 1, o cualquier otro sector”.
La subjefa de bancada del partido, Paulina Muñoz, remarcó que esa norma debe ser de aplicación transversal: “Eso se aplica en todos los casos. No cuando nos conviene a nosotros ni cuando les conviene a otros”, puntualizó.
La independiente-UDI Marlene Pérez igualmente sostuvo que “si se habla de motivos humanitarios (…) ese criterio debe ser igual para todos”.
Sin embargo, la idea de aplicar “el mismo criterio para todos” topa con límites en el derecho internacional de los derechos humanos. Sergio Fuenzalida, abogado y académico de la Universidad Central, afirma que no es apropiado equiparar de forma automática a alguien condenado por un delito común con una persona sentenciada por crímenes de lesa humanidad.
“La comparación es improcedente porque se trata de delitos graves, pero de naturaleza distinta”, explicó. Añadió que, en situaciones de crímenes de lesa humanidad, un indulto solo podría considerarse de forma excepcional y sometido a requisitos mucho más rigurosos.
Fuenzalida enumeró, entre otros elementos, el cumplimiento de una porción sustantiva de la condena, la colaboración con la justicia, la reparación del daño y que la medida no menoscabe los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
La oposición alerta sobre el precedente
La interpretación que empieza a imponerse en la derecha también provocó advertencias desde la oposición.
El senador Iván Flores (DC) afirmó que, aunque la solicitud de Aliste pueda “en principio parecer razonable por motivos humanitarios”, un posible indulto podría de inmediato desencadenar la discusión sobre personas condenadas por crímenes de lesa humanidad:
“Abre una puerta inmediata y vinculante hacia otros indultos que no han prosperado y que se relacionan con individuos que cometieron crímenes de lesa humanidad”, dijo, rechazando ambas posibilidades: “No estoy de acuerdo con lo que solicita el señor Aliste y tampoco aceptaré jamás que personas que cometieron delitos de lesa humanidad queden libres”, sostuvo.
La diputada Lorena Fries (FA) planteó una postura contraria a equiparar ambos casos. Señaló que en el caso de Aliste “evidentemente pueden existir razones humanitarias” pero volvió a afirmar su postura a favor de suprimir los indultos presidenciales: “Para crímenes por violaciones graves de derechos humanos no procede ningún mecanismo de exención de responsabilidad porque cumplir la pena forma parte de la justicia y de la reparación”, enfatizó.
El diputado PPD José Montalva criticó directamente el posible uso político del caso: “No respaldaría el indulto a Aliste ni emplearía este caso para justificar indultos a condenados por violaciones a los derechos humanos”, declaró.
Una postura aún más estricta fue expresada por el diputado Nelson Venegas (PS), quien puso en duda la potestad presidencial para otorgar indultos: “Estoy en contra de los indultos que conceden los presidentes de la República en cualquier circunstancia. Son reminiscencias de la monarquía”, dijo. A su juicio, cuando los tribunales dictan una condena, esta debe cumplirse por el principio de separación de poderes.
El impacto político para Kast resulta claro: aceptar la petición de Juan Aliste Vega podría brindar al Gobierno un argumento de coherencia para defender posteriormente que eventuales beneficios a condenados por violaciones a los DD.HH. no obedecen a una preferencia ideológica. La paradoja queda planteada incluso antes de que Kast tome una decisión sobre la solicitud.
