El proyecto de Presupuesto 2027 asigna a la Ley Ricarte Soto una reducción de aproximadamente $28 mil millones en términos reales, lo que equivale a una baja cercana al 14% respecto de los recursos previstos para este año.
Esto se da al mismo tiempo que en el Congreso avanza una iniciativa que pretende incrementar el financiamiento permanente para los tratamientos de alto costo.
Según los antecedentes de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo —asociado a la Ley Ricarte Soto— pasaría de $189.696 millones en 2026 a $166.951 millones en 2027.
La diferencia entre esas cifras alcanza los $22.745 millones. No obstante, al ajustar por inflación y comparar el poder de compra real de esos recursos, la disminución llega a cerca de $28 mil millones, lo que implica una caída aproximada de 14% en términos reales.
La Ley Ricarte Soto estableció un mecanismo de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo. Su cobertura se fija por decreto e incluye las prestaciones garantizadas para las distintas condiciones de salud incorporadas al sistema.
Proyecto busca aumentar el financiamiento en la Ley Ricarte Soto
La merma prevista en el Presupuesto 2027 se produce mientras en el Congreso se debate una reforma a la Ley Ricarte Soto que propone incrementar los recursos disponibles para este tipo de prestaciones.
El texto plantea incrementar la contribución fiscal anual permanente al fondo desde los actuales $100 mil millones hasta $185 mil millones; es decir, un aumento de $85 mil millones respecto del monto establecido actualmente.
La iniciativa además contempla aumentar de 80% a 90% el límite de recursos que pueden comprometerse en relación con el costo anual esperado del fondo, junto con establecer mecanismos para actualizar los precios de los tratamientos y reforzar el seguimiento de su seguridad y efectividad.
Otra propuesta busca optimizar la transición de prestaciones entre la Ley Ricarte Soto y el sistema GES, definiendo reglas más claras cuando un tratamiento deje de cumplir los requisitos para permanecer en el sistema de alto costo.
Eso sí, los $185 mil millones corresponden al aporte fiscal anual permanente que plantea la reforma y no significan que esa suma se vaya a incorporar automáticamente al Presupuesto 2027. Se trata de una modificación legal que todavía debe continuar su tramitación en el Congreso.
En consecuencia, el proyecto presupuestario para 2027 prevé cerca de $28 mil millones menos en términos reales para el fondo ligado a la Ley Ricarte Soto, mientras que la reforma en trámite busca fijar un aporte fiscal permanente de $185 mil millones para robustecer su financiamiento.
