Este miércoles se confirmó el fallecimiento de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo de su vivienda en Madrid se transformó en un emblema de la crisis de vivienda en España y que llegó a generar presión política para reformar la normativa.
Según informó el Sindicato de Inquilinas en un comunicado reproducido por El País, la adulta mayor falleció en el Hospital Gregorio Marañón de la capital.
Abascal fue expulsada de su piso el 23 de septiembre, la vivienda en la que residió durante 70 años, después de que la sociedad inmobiliaria Urbagestión comprara el inmueble y elevase el alquiler.
Su renta, heredada de un contrato antiguo, era de 500 euros (aproximadamente 550 mil pesos chilenos) y la nueva exigencia ascendería a 1.650 euros (un millón 800 mil), una cifra que no podía afrontar con su pensión de 1.300 euros (un millón 430 mil).
El Sindicato de Inquilinas, en el comunicado que también firmó la familia, lamentó que aunque se alcanzó un acuerdo histórico que le habría permitido regresar a su casa, esa solución llegó demasiado tarde.
Quienes la acompañan consideran que las manifestaciones multitudinarias y las acampadas en distintas plazas del país marcan “un antes y un después” en la historia, pero advierten que “el precio para alcanzar esto ha sido demasiado alto”.
El escrito se cerró con un llamado a continuar la movilización: “Luchen, sigan luchando por lo que es de ustedes”.
Un caso con repercusiones políticas
En 2020 la empresa le comunicó por primera vez a Maricarmen que debía abandonar el departamento porque el contrato había sido subrogado en dos ocasiones.
Tras la reclamación de la inmobiliaria para dar por terminado el contrato al comprar la vivienda, Maricarmen interpuso una demanda y ganó en primera instancia.
No obstante, la Audiencia Provincial de Madrid dejó sin efecto esa resolución y, finalmente, el Tribunal Supremo falló a favor de Urbagestión.
Su situación situó en el debate público la cuestión de los desalojos y la vivienda como un asunto político.
De hecho, tras el rechazo en el Congreso de dos decretos de emergencia presentados por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis, el presidente de Gobierno Pedro Sánchez decidió adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre.
