Los representantes del Partido Republicano demandaron la suspensión de los funcionarios públicos que viajaron al extranjero amparados en licencias médicas y exigieron que los sumarios derivados culminen en la salida del servicio público. Además, los acusaron de haberse “sirvieron del Estado” y pidieron que los recursos utilizados sean recuperados para el Fisco.
Esto se conoce tras la publicación de un nuevo informe del ente contralor, que identificó a más de 4.500 empleados públicos que se trasladaron con licencia médica en dos de los tres años revisados, entre 2023 y 2025; a su vez, otros 566 lo habrían hecho en los tres años evaluados.
En este escenario, los diputados republicanos Sebastián Cristoffanini, Claudia Reyes y Daniel Bustos sostuvieron que esto evidencia un aprovechamiento del sistema que, señalaron, “le ha significado un grave detrimento a las arcas fiscales”.
Por esa razón, solicitaron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que presente querellas contra los implicados y que promueva juicios de cuentas para recuperar los montos comprometidos.
La diputada Claudia Reyes enfatizó que lo informado por Contraloría representa “un grave perjuicio contra el Fisco, ya que son licencias que se tienen que pagar, pero ahora nos damos cuenta de que no había justificación para aquello”.
“Estamos hablando de miles de millones de pesos para cubrir el gustito de funcionarios que se dicen ser públicos, cuando debieron haberse destinado a atender las reales necesidades de las familias más vulnerables y de la clase media, que la han pasado muy mal en estos últimos años”, agregó.
A su vez, el diputado Sebastián Cristoffanini afirmó que el uso indebido de licencias médicas ha generado distintas complicaciones para el funcionamiento del Estado.
“Ha significado un verdadero dolor de cabeza no solo para el Estado, que debe ir reemplazando profesionales y, muchas otras veces, no logra cubrir los puestos, lo que se traduce en que no solo no se le pueden resolver los problemas de la ciudadanía, sino que hay atrasos importantes en la implementación y ejecución de políticas públicas diseñadas para mejorar la calidad de vida de los chilenos”, indicó.
Mientras tanto, el diputado Daniel Bustos responsabilizó a los funcionarios implicados de que, a su juicio, el Estado no alcance a llegar a todos los lugares donde debería operar.
“Pensaron en su bienestar personal, en lugar de contribuir a que la economía crezca y se generen nuevos puestos de trabajo. En pocas palabras, en lugar de servir, se sirvieron del Estado”, lamentó.
Para finalizar, los legisladores manifestaron que esperan que los sumarios ordenados por la Contraloría avancen con la mayor celeridad y que se adopten las medidas pertinentes contra los responsables, con el fin de apartar de los organismos públicos a quienes calificaron como “malos elementos”.
